CONARE denuncia que diputados pretenden modificar la Constitución en perjuicio de la educación


Mediante un comunicado de prensa el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) afirmó que varios diputados de la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), pretenden modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, lo que a su criterio, sometería la educación superior a los intereses de los legisladores de turno y de los grupos interesados en el debilitamiento de la educación universitaria pública, con esta decisión algunos diputados pretenderían tomar decisiones sobre el monto, el destino y la administración de los fondos del FEES.


El CONARE fue enfático en recordarle a los legisladores, que modificar el FEES no es competencia de ellos, según lo indicado por el Procurador General de la República, Julio Jurado, en audiencia celebrada en la noche del lunes 22 de julio.


El Procurador también reiteró que cualquier tipo de disminución de este Fondo por parte de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, tal y como fue manifestado en el pronunciamiento de la PGR del 1 de marzo, dentro del expediente 19-0009900007-CO, sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por los rectores de CONARE ante el recorte de 10 mil millones de colones que hicieron los legisladores el año pasado.


Según Henning Jensen, Presidente de CONARE, las afirmaciones del Procurador Julio Jurado respaldan las acciones legales que han tenido que tomar las universidades frente a decisiones que violentan nuestra Constitución Política. “Las normas constitucionales son claras y protegen a la educación superior de intereses políticos; le permiten a nuestro país garantizar inclusión, equidad y universalidad en el acceso a la educación pública”.


En la nota el CONARE afirma que es totalmente falso lo dicho por las legisladoras Xiomara Rodríguez, Yorleny León, y los diputados Pablo Abarca, Erick Rodríguez y Wagner Jiménez, quienes afirmaron que las universidades no son transparentes en el manejo de los recursos, esto a pesar de que las universidades estatales, al igual que el resto de instituciones públicas, cumplen cada año con todas las acciones de rendición de cuentas.


Según datos de CONARE, cada año las universidades presentan ante la Contraloría General de la República (CGR) cuatro informes de ejecución presupuestaria, además de un informe de liquidación y dos de evaluaciones del Plan Anual Operativo y Presupuestario. A esto se suman las auditorías internas de cada universidad y las auditorías especiales ejecutadas por la CGR.


Manifiestan los Rectores que es preocupante que la Comisión Legislativa que estudia el FEES emita criterios anticipados y busque desde ahora modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para emitir recomendaciones y sin siquiera haber escuchado aún a las Federaciones de Estudiantes, a las Vicerrectorías, a los Consejos Universitarios o a los mismos rectores.

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