Conveniencia de la Eficiencia Judicial Bajo una Influencia Política

Jonathan Flores Mata/Criminólogo

Directivo Nacional de ANEP


Las razones por las que las y los costarricenses, poco a poco, han ido perdiendo la fe en el sistema de justicia de nuestro país son muchas. Especialmente cuando se es víctima, es completamente normal que una persona haga todo lo posible por evadir acudir a la institucionalidad con la premisa de clamar justicia. Y es que, esta percepción desfavorable sienta, las bases de su génesis en un tapete multifactorial de situaciones que se han esparcido al conocimiento de los administrados.


Para esta ocasión: ¿Qué les parece si nos centramos en aquellas situaciones en las que aumenta la velocidad de los movimientos de un expediente, por una influencia política?


Y es que, todos aquellos a los que nos ha tocado ser parte en un proceso de naturaleza judicial, hemos experimentado el paso de inseguro caracol oxidado con el que avanzan las diligencias propias del caso. De igual forma, sobra indicar los largos tiempos de espera a los que se debe someter cualquier ciudadano que envíe una nota a Corte Plena o al Consejo Superior.


Ahora bien, no estamos juzgando el retraso de primera entrada. Es conocido y reconocido, que la demanda del sistema de justicia de nuestro país sobrepasa a la de la capacidad de sus operadores. Es por ello que, los procesos sufren (las personas son las que sufren) una mora que no hace más que elevar la incertidumbre por la resolución del conflicto de interés.


Imagen suministrada por ANEP

Sin embargo, lo que, si se cuestiona el suscrito, y cientos (o miles) de personas más, es la forma en que algunos expedientes dejan de ser caracol y se convierten en liebre con nitro metano. La característica compartida de todos estos casos es la misma: la influencia de algún personaje de la esfera política en el fondo del asunto.


Solo para refrescar la memoria, se puede hacer referencia a la medida cautelar que frenó (si, ese es el verbo) la suspensión de dos magistradas de Corte Plena, en 2018. Este movimiento que no había sido ni notificado a las interesadas tenía dudosos tintes de dar protección a “administradores de justicia” que fueron cuestionadas por un aparente yerro en una de las investigaciones en las que estaba implicado Juan Carlos Bolaños y otros políticos de relevancia (si otros políticos, no me equivoqué).


Muy recientemente, observamos como la orden de captura para el máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se emitió en tiempo récord. Entre 10 y 15 minutos, eso tardó en confeccionarse y ejecutarse una orden de captura contra él, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe.


Les deseo recordar que este servidor no solo es ex policía, sino que, hoy por hoy, atiendo desde ANEP a los abnegados servidores de Cuerpos Policiales que buscan dignificar sus condiciones laborales. Y es justo por este contacto con el tema que sin ninguna duda me atrevo a señalar que, como sucedió en 2018, en la detención de Albino Vargas influyeron intereses políticos que aceleraron abruptamente un proceso judicial, que nunca es tan eficiente. Reitero, salvo cuando alguna figura política influye en las decisiones internas del Poder Judicial (OMG que peligroso).


Y es que, los mismos oficiales tras enterarse de la noticia nos compartían un tan coincidente como irónico deseo, de que ojalá en el caso tal (de la misma zona) y futuros, el fiscal emita las órdenes de captura con la misma eficacia que lo hizo contra Albino. Ni en sueños mis amigos y amigas, si no media algún personaje con influencia política pidiendo la devolución de algún favor, las cosas no se van a mover tan rápido.


Que los intereses políticos se inmiscuyen a diario en el sistema de justicia no es ningún dato que sea nuevo para nosotros, con morbo nos figuramos las razones por las que en la Asamblea Legislativa se pelean por elegir los Magistrados de Sala Tercera (penal). No es ninguna novedad que el ciudadano común sea sometido a un régimen punitivo irrestricto mientras figuras de alcance público, con alguna influencia siguen con la vida sosteniendo una sonrisa impune.


Sin embargo, que quede en evidencia de manera tan clara, la influencia de un alcalde sobre un fiscal, mancha deshonrosamente los pilares del sistema democrático de derecho del que Costa Rica tanta se jacta regional y mundialmente. Y no qué decir de lo desagradable que resulta que toda la maquinaria judicial se mueva de esa manera contra una persona que se encontraba ejerciendo un derecho humano como lo es la actividad sindical. ¡Oh, si, la casa de la justicia!


Me gustaría que mi comentario final sirva de antesala a un futuro debate y análisis interno, de usted respetable persona que nos da el honor de leer estas líneas y los suyos. Si una figura con autoridad judicial, que debe regirse por principios de legalidad y neutralidad es fácilmente influenciable por políticos locales: ¿Qué alcances podrían tener las estructuras de crimen organizado, que cuentan con recursos casi ilimitados?



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