Costa Rica un mercado en competencia o en colusión

Ing. Clinton Cruickshank S., M.B.A.


Por años muchos vienen señalando y defendiendo la conveniencia y necesidad de que en nuestro país funcionen mercados de libre competencia. Y su argumento principal en favor de la ciudadanía es que, con un mercado en competencia, se favorece a los consumidores con mejores precios, y mejores niveles de servicios. Ahora bien, esa afirmación es correcta sólo si el tamaño del mercado es suficientemente grande para garantizar dicha competencia. O sea, que el mercado sea lo suficientemente grande como para tener tantos agentes o participantes en él, de tal manera que a estos les sea imposible ponerse de acuerdo, y vía colusión, distorsionar el mercado manipulando algunos de sus variables, sean estas el precio y/o la oferta.


El tamaño del mercado de Costa Rica


En el caso específico de Costa Rica, señalo para recordar que, nuestro mercado es minúsculo, o sea, es tan pequeño que, por sus características, la distribución o transacción de una gran cantidad de bienes y servicios sólo admiten pocos operadores funcionando en él. Tal es el caso de productos como el cemento, las varillas de construcción, la harina, etc.; y servicios como la electricidad, las telecomunicaciones, la actividad bancaria, y más.


Los flagelos del oligopolio y de la colusión en los mercados pequeños


Los mercados pequeños en cualquier parte del mundo suelen estar expuestos a dos terribles flagelos a saber: El oligopolio y la colusión. En el caso específico del mercado costarricense, este no sólo está expuesto a esos males, sino que, la debilidad de las normativas y de las autoridades fiscalizadoras de nuestro país, suelen favorecer no sólo el oligopolio, sino, la colusión. Por lo tanto, actualmente, dichos flagelos afectan a una gran cantidad de nuestras actividades comerciales. Lo anterior explica en mucho, los altos precios o tarifas que pagan los ciudadanos por muchos bienes y servicios, e incluso, el ¿Por qué?, Costa Rica es prácticamente el país más caro de la América Latina.


La tragedia es que los pocos agentes que operan en un mercado pequeño casi inevitablemente terminan poniéndose de acuerdo para fijar tarifas o precios, y/o, para dividirse el mercado por zonas geográficas u otros criterios. Lo que en el fondo elimina la competencia e impone a la ciudadanía el efecto perverso de la colusión.


Medidas preventivas en contra de los abusos del oligopolio y de la colusión


A fin de evitar o disminuir los abusos de los mercados oligopólicos en contra de los ciudadanos, existen entre otras, las siguientes opciones:


  1. Que el Estado fije los precios o tarifas máximas de los bienes o servicios esenciales que están expuestos a la colusión.

  2. Que el Estado participe como operador dentro del mercado, porque supuestamente este no entraría en colusión con otros operadores para cobrar tarifas abusivas en contra de sus ciudadanos.

  3. Que el Estado sea el operador único o dominante cuando se trata de ciertas actividades estratégicas o esenciales para los ciudadanos. Tal es el caso del suministro de agua potable, los servicios de salud, educación y algunos otros servicios claves o esenciales.


La crítica al Estado empresario


Por naturaleza, el Estado suele ser poco eficiente en algunas actividades que no les son propias, tal es el caso de las actividades empresariales. Y desde ese punto de vista, el Estado debe hacer todo lo posible para no tener que meterse en este tipo de actividades. Sin embargo, en algunos casos, los efectos de la ineficiencia del Estado son mucho menores que los efectos de los abusos e injusticias que sufren los ciudadanos ante los mercados oligopólicos en colusión.


La colusión de algunos órganos del Estado con su competencia o con sus regulados


Hoy estamos viviendo un fenómeno inaudito que se está dando, por un lado, entre algunos órganos públicos y sus regulados; y, por otro lado, entre algunas entidades públicas y su competencia privada. Permítanme explicarme mejor:


1. La colusión entre órganos públicos y su competencia privada.


Me causó una enorme tristeza saber que los bancos públicos están en flagrante colusión con su contraparte privada. La evidencia más obvia de dicha colusión es que todos ellos, o sea, los bancos públicos y privados, están metidos, afiliados, y forman parte de un sindicato bancario llamado Asociación Bancaria Costarricense (ABC).


Es inexplicable que el Gobierno de la República no haya amonestado a los bancos públicos y que no les haya ordenado que abandonen dicho sindicato en el cual estos son claramente minoritarios, por lo que, las decisiones y acuerdos que se toman en dicho órgano están obviamente en función del voto de la mayoría, o sea, de la banca privada; y consecuentemente, dichos acuerdos muy probablemente no están alineados con los propósitos de la banca pública.


Conociendo la historia de la nacionalización bancaria, sus causas y razón de ser; me es imposible entender que hoy estén en colusión con su contraparte en lugar de ser el contrapeso al que están llamados.


Quisiera subrayar para enfatizar y recordar que, nuestro mercado financiero es demasiado estratégico para el desarrollo nacional, como para permitir que este sea acaparado, manipulado y distorsionado por ese terrible flagelo y azote de los pueblos: La colusión.


2. La colusión y el favorecimiento de los órganos reguladores a sus regulados


Existen varias instituciones reguladoras las cuales, en vez de “regular a sus regulados”, los favorecen. Dos de los casos más connotados son en su orden el del Banco Central de Costa Rica (BCCR) con los bancos comerciales, y el de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) que desde su creación ha sido un verdadero azote para el ICE.


Permítanme concentrarme en el primer caso. O sea, el del BCCR para el cual señalo los siguientes dos ejemplos:


  • Durante muchos años el diferencial cambiario que ha mantenido el BCCR, ha sido uno de los más altos de la América Latina y del mundo. Diferencial que ha favorecido a sus regulados en perjuicio del resto del país, o sea, tanto de la actividad empresarial nacional como de la ciudadanía en general.

  • Y, por otro lado, por años, el BCCR se ha negado sistemáticamente a cumplir con su deber de definir las tarifas de usura para el mercado financiero nacional. Y de esta manera, paradójicamente, ha “legalizado” la usura, siendo ésta un delito en nuestro país. La “legalización” de la usura por parte del BCCR ha tenido, y sigue teniendo efectos devastadores sobre la población costarricense.


Por todo lo anterior, pareciera que vamos a tener que “renacionalizar la banca nacionalizada”, porque basta revisar la composición de sus carteras de crédito para darnos cuenta de que existe una serie de actividades prioritarias para el desarrollo nacional que no reciben las mismas facilidades crediticias de otras que reditan más, pero que contribuyen poco al desarrollo nacional.


Finalmente, sabemos del alarde que hacen los bancos públicos de sus enormes ganancias que acumulan año con año. Pregunta retórica: ¿De qué le sirve al pueblo costarricense tener en sus bancos tantos recursos, si día con día aumenta la pobreza y la desigualdad en nuestro país?


Concluyo con esta otra pregunta: ¿No sería más útil y beneficioso para nuestro país que las enormes ganancias acumuladas en las arcas de los bancos públicos, se reinviertan para reducir sus tasas de interés a fin de beneficiar a los costarricenses, con un mayor acceso al crédito, abriendo un programa de readecuación de créditos con intereses más razonables, reactivando la economía, auxiliando a la clase media que hoy languidece, y creando más oportunidades de emprendimiento y empleo para contribuir a rescatar a tantos compatriotas del estado de pobreza y exclusión social en que se encuentran?


Ahí dejo estas reflexiones como: ¡Alimento para el pensamiento y la acción!

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