Diputados PUSC presentan Acción de Inconstitucionalidad contra oficina de datos de Casa Presidencial


Los socialcristianos María Inés Solís, Jefa de Fracción; Pedro Muñoz, subjefe; Shirley Díaz Mejías; Pablo Heriberto Abarca Mora y Rodolfo Peña Flores, presentaron anoche una Acción de Inconstitucionalidad en contra de los actos subjetivos que por acción u omisión cometieron las autoridades, ministros, jerarcas y funcionarios de gobierno contra normas y principios fundamentales protegidos en la Constitución Política. Ante la intención del Ejecutivo de crear la fallida UPDA y la operación de una oficina en Casa Presidencial encargada de la recopilación de datos personales y privados de los ciudadanos.


Los legisladores consideran que el Poder Ejecutivo, de manera abusiva asumió para sí dos competencias que la Constitución Política atribuye exclusivamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial.


“Al Parlamento, para regular por ley las circunstancias en que el Estado puede tener acceso a información de carácter confidencial; y Poder Judicial para aplicar dicha ley”, cita la Acción.


Entre las consideraciones los diputados indican que la derogatoria del Decreto ni siquiera tiene idoneidad como atenuante especial, “pues es claro que desde “hace bastante tiempo”, ya las actuaciones del Poder Ejecutivo estaban produciendo perjuicio a terceros, pues la información personal de ellos que existían en las bases de datos oficiales ya circulaban sin su autorización en manos de burócratas no autorizados por ley para procesarla”


Los congresistas solicitan a los señores Magistrados que, por infringir las normas y principios constitucionales citados, se declare la inconstitucionalidad de las acciones y omisiones descritas atribuidas a los funcionarios indicados. También solicitan, ordenar al Poder Ejecutivo localizar cada una de las bases de datos que hubiesen sido trasladadas a la UPAD o a cualquier otro funcionario de Gobierno, con el objeto de que dicha información sea eliminada de los Registros no oficiales donde constare y que en lo sucesivo las entidades autorizadas por ley para hacerlo, puedan brindar la información para toma de decisiones en cuanto a la forma de orientar las políticas para inversión social.




La Unidad Presidencial que pudo o no ser, pero que ya operaba a pequeña escala


El pasado viernes 20 de febrero, se dio a conocer por varios medios de comunicación la publicación de un Decreto de la Presidencia de la República para la creación de una agencia especial denominada Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que se encargaría de recopilar los datos personales y hasta privados de los costarricenses, para utilizarlos en la toma de decisiones políticas. Antes las fuertes criticas de los sectores, sociales, políticos y ciudadanos, el Presidente dio marcha atrás con la conformación de dicha oficina, anunciando la derogación el Decreto en sí.


Pese a la derogatoria la molestia e inquietud volvió a surgir al revelarse que desde hace más de un año opera una oficina en Casa Presidencial que realiza esa labor. Es ante esta situación que la Defensora de los Habitantes Catalina Crespo, ordena de oficio una investigación por parte de un equipo de la Defensoría de los Habitantes a cargo de la misma Defensora, que fiscalizará al gobierno. Esta acción generó un movimiento en Presidencia para bajar el tono a la investigación, dando a conocer en redes oficiales, una invitación del mandatario a la Defensora para que conociera el trabajo que se realizaba por parte de la oficina de análisis de datos. Inmediatamente Catalina Crespo respondió al mandatario recordándole que no sería una cita para que le informaran a la Defensoría, sino para investigar al gobierno.


Todas estas acciones y las dudas sobre la oficina de análisis de datos de Casa Presidencial, así como que información están recopilando y de qué forma se está manejando, llevó a los diputados del partido Unidad Social Cristina (PUSC), a presentar la Acción de Inconstitucionalidad