El FEES corre peligro si se mantienen los salarios millonarios y gastos excesivos de las universidad


Diputado Wagner Jiménez, Presidente de la Comisión que analiza el FEES

El análisis por parte de la Comisión especial que estudia cómo se administra el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), ha desatado una discusión entre comunicados, respuestas e intervenciones en medios de comunicación del Rector y presidente del CONARE y los diputados liberacionistas Wagner Jiménez y Yorleny León.


En la última nota del Rector Henning Jensen, calificó de absurda la petición que los diputados del PLN le hicieran al Procurador General de la República Julio Jurado y a otros procuradores que tengan vínculos contractuales con las universidades públicas que se inhiban de conocer asuntos relacionados con temas universitarios, debido a que existiría un posible conflicto de intereses.


Según el rector, el argumento de los liberacionistas bajo esa consigna, entonces se debería solicitar igualmente la inhibición de todos los diputados y diputadas que tienen algún vínculo con las universidades públicas, pero igualmente a aquellos que lo tienen con las instituciones de educación superior privada, pues esto también podría suponer un conflicto de interés.


Ante esta declaración los congresistas contestan con un nuevo comunicado donde resaltan en 3 puntos los motivos por los que se considera debe hacerse recortes al FEES, entre ellos el llamado de la Contraloría General de la República ante la posibilidad de que no se cuente con liquidez en el fondo si se mantienen los gastos superfluos de las universidades.

En el pronunciamiento se aclara por parte de los diputados lo siguiente:


I- Insiste el rector Jensen Pennington en hacer afirmaciones incorrectas (29 julio) y al ser ya reiteradas y pese a las insistentes aclaraciones que hemos hecho, también pueden calificarse de mal intencionadas. Nuestra labor en la Comisión Especial tiene como objetivo procurar que el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) sea sostenible en el tiempo. Autoridades como la Contralora General de la República han advertido que el Fondo Especial para la Educación Superior corre peligro si se insiste en mantener los salarios millonarios, y otros gastos excesivos en las universidades públicas. Es falso que nuestra labor en la Comisión Especial pretenda perjudicar a la educación superior universitaria, todo lo contrario. Si hoy no se revisa con responsabilidad la forma en que se gastan los recursos del FEES, las futuras generaciones podrían perder la oportunidad de recibir educación universitaria pública.


II- El rector Jensen pretende presentar la revisión que hacemos los diputados del gasto que realizan las universidades públicas como un ataque, y así intentar distraer la atención sobre las exigencias que hemos hecho y que de nuevo reiteramos: rectores, cumplan con la regla fiscal, revisen a fondo y con seriedad sus políticas salariales y ajústenlas conforme a la realidad económica de nuestro país. Rectores, atiendan el llamado de los representantes estudiantiles que solicitan colocar al estudiantado como centro del quehacer universitario, revisen los gastos de manera que se invierta más en regionalización, admisión y becas, y menos en privilegios. Cálculos preliminares señalan que, de cumplirse con la regla fiscal en las universidades, el país podría estarse ahorrando aproximadamente 12 mil millones de colones al año.


III- Las universidades públicas son esenciales en el desarrollo del país. Las actividades que realizan tienen un gran impacto en la vida nacional, es por ello que estamos convencidos de que el esfuerzo que hace la sociedad costarricense para darle sostenimiento a estas instituciones, debe valorarse y considerarse desde la perspectiva del mejor aprovechamiento del trabajo y los recursos. También es fundamental que se conozcan, atendiendo la necesidad de transparencia, los detalles de en qué se gastan e invierten los recursos públicos que administran las autoridades universitarias.


Mientras el “tira y encoge” entre los legisladores y las universidades públicas sigue, la última palabra la podría tenerla la Sala Constitucional, al dar curso a una acción de inconstitucionalidad contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que presentaron las universidades estatales.


Lo que se pretenden los rectores es que se declaren inconstitucionales varios artículos del Título IV de la Ley No. 9635, por estimarlos contrarios a los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política. Alegan que existe una violación a la Carta Magna pues se supedita el FEES al cumplimiento de estos artículos, cuando es un presupuesto que tiene un origen y un régimen de fijación y determinación constitucional propios, que la ley ordinaria no puede abolir ni derogar.


Al admitirse la acción por parte de la Sala, se otorga audiencia por quince días al Procurador General de la República, a la Contralora General de la República y a la Ministra de Hacienda, para su correspondiente descargo en este tema.

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