El próximo gobernante, ¿puede garantizar que no vendrá con nuevo paquete tributario?

Marvin Edo Calderón Gómez

Consultor Senior Estrategias y Finanzas

Nafconsultores


Desde el gobierno de don Luis Alberto Monge A, a la fecha, todos los gobiernos aprobaron un paquete de impuestos nuevos, para resolver la crisis fiscal, y más bien el problema nunca se solucionó, más bien creció como una bola de nieve y hoy tiene casi en jaque mate a nuestra sociedad juntamente con el problema sanitario del Covid 19.


Don Luis Alberto Monge, con la Ley para el equilibrio financiero del sector público, buscó reorganizar el Estado y hacerlo más eficiente. Se autorizó a los Poderes del Estado, Instituciones y empresas públicas, para ofrecer mediante convenio, el pago de las prestaciones legales y el reconocimiento de un incentivo económico. El déficit en las finanzas públicas ya era una realidad, pero el PAE I buscó prioritariamente reorganizar el estado y la producción nacional.


En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, se aprobó el PAE II y la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público que, para atacar el problema del déficit fiscal, introdujo entre otras cosas el impuesto al salario. Se creó una Comisión de Reforma del Estado Costarricense que a final de cuentas no dio frutos. Se destacan dos cosas, primero la necesidad de cubrir el déficit fiscal con nuevos impuestos y la necesidad de reestructurar el sector público.


En el gobierno de Rafael Ángel Calderón F, también entre otras cosas se planteó una nueva reforma acompañada de una mejora en la administración tributaria. Se buscaba consolidar más de 250 impuestos existentes en ese momento, para dejar únicamente 5 o 6 impuestos que generaran el mayor porcentaje de ingresos fiscales. También se buscó la reducción del empleo público y controlar mediante un registro único, a todos los beneficiarios de los programas de asistencia social.


En el gobierno de José Ma. Figueres O, el peso del déficit fiscal mostró unas dimensiones muy importantes. Se presentó otra propuesta gubernamental con un plan para incrementar de nuevo los impuestos. Y así en setiembre de 1995 se aprobó un paquete de impuestos que golpeó fuertemente a la población. Se reformó el sistema de pensiones del magisterio nacional y se firmó un Pacto Figueres – Calderon para reestructurar el estado con el propósito de atacar el déficit fiscal.


En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez de nuevo se presentan circunstancias que muestran al déficit fiscal como el problema fundamental de la economía. Los ataques del 11 de setiembre de 2001 afectaron la economía negativamente y la deuda pública contraída para mitigar el déficit aparece como un problema de grandes dimensiones, debido a que los intereses y la atención de ésta, absorben una tercera parte de los ingresos presionando la imposibilidad de reducir el déficit fiscal. Se aprobó otro Proyecto de Simplificación y Eficiencia Tributaria reorganizando los tributos sobre los combustibles.


En el Gobierno de Abel Pacheco, de nuevo la realidad de las finanzas públicas presentan un déficit tanto en la parte fiscal como en la balanza de pagos, lo cual se constituyó en una amenaza doble para la economía del país. La salida que encontraron los gobernantes fue la aprobación de otro nuevo paquete fiscal denominado Plan de Contingencia Fiscal por un periodo de 12 meses. Se caracterizó este gobierno por no gastar y además los ingresos fiscales comienzan a verse favorecidos con los incrementos internacionales del precio del petróleo, que obligaban a ajustar los precios de los combustibles internamente debido al impuesto único aprobado en los gobiernos anteriores.


En el segundo Gobierno de Oscar Arias, la bonanza producida por las medidas tomadas desde la aprobación del primer Programa de Ajuste Estructural, le dieron fortalezas al modelo económico. A pesar de esas fortalezas, el problema de las finanzas públicas siguió latente, dado que nunca se realizaron cambios estructurales en nuestra realidad fiscal; lo que se hizo fue solamente crear tributos nuevos y restringir gastos, lo cual a corto plazo puede haber funcionado, pero a mediano y largo plazos, mantuvo vigente la vulnerabilidad de la economía debido al exceso de gastos sobre los ingresos. La situación financiera del sector público experimentó un deterioro, debido principalmente al impacto de la crisis económica externa sobre la recaudación tributaria y a la expansión del gasto público, aplicado por el Gobierno de la República.


En el Gobierno de Laura Chinchilla, se presentó un nuevo paquete tributario que no prosperó, fue el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria para la Sostenibilidad Fiscal. La Asamblea Legislativa aprobó dos leyes en materia fiscal: la Ley de Cumplimiento de Transparencia Fiscal, y la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. Se creó el impuesto a las sociedades anónimas. El fallecido economista Edgar Ayales, se tomó con mucha seriedad el problema fiscal y convocó a muchos sectores de la sociedad y elaboró un trabajo que tuvo el propósito de servir de base para una reestructuración fiscal y estructural del sector público.

En el Gobierno de Luis Gmo Solis, se despreció el trabajo realizado por Ayales y se envió a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto después de dos años y medio de gastar en forma irresponsable y desordenada, porque según los funcionarios de gobierno, no era cierto que el déficit fiscal fuera una realidad hasta que el presidente se dejó decir públicamente en una cadena de televisión que el gobierno tenía problemas de liquidez y no tenía con que pagar salarios.


Finalmente, en el presente gobierno de Carlos Alvarado, se aprobó el proyecto de ley presentado por la administración previa. En este se reformó el impuesto sobre la renta, se pasó al impuesto al valor agregado, se dio una amnistía tributaria muy cuestionada y se introdujo una regla fiscal que ha sido violada por prácticamente la mayoría de las instituciones públicas. Y como si fuera poca cosa, hoy está el gobierno presionando a la Asamblea Legislativa para que apruebe otro proyecto de carácter fiscal, para que el Fondo Monetario le de US$1,700 millones, que no van a venir a resolver nada.


En resumen, todos los gobiernos han venido a burlarse de la sociedad haciendo creer que van a sacar a Costa Rica adelante haciéndola superar sus problemas financieros en el gobierno central. Y la verdad ha sido que ninguno vino con la solución al problema del déficit fiscal, el cual requiere sin demora, de una REESTRUCTURACION DEL SECTOR PUBLICO. En cambio, el problema fiscal creció como una bola de nieve y hoy tiene dimensiones peligrosamente gigantes.


Les he mencionado a dos aspirantes a ser el próximo presidente de Costa Rica esta fría realidad y la verdad es que no tienen conciencia de la urgencia de reestructurar el sector público para sanear las finanzas públicas. A uno de ellos le dije que se auto preguntará lo siguiente: ¿Puede garantizar al pueblo, que en su eventual gobierno nunca presentará un paquete tributario para incrementar la cantidad de impuestos? También le dije, “no me responda, medite la respuesta a esa pregunta”.


Hoy por hoy, tenemos un monstruo de dos cabezas que amenaza a nuestra sociedad, una cabeza es el problema sanitario de la pandemia por Covid 19 y la otra cabeza es el déficit fiscal que requiere de la reestructuración del sector público total. Me gustaría mucho preguntarle a la ciudadanía: ¿por qué no le exigimos una respuesta a esta pregunta a cada uno de los que se sienten presidenciables, antes de decidir por quién votar?


¿Es una utopía pensar que se puede reestructurar al 100% del sector público sin generar mayor desempleo? ¡NO! Por el contrario, una reestructuración planificada, generaría muchos puestos nuevos de trabajo, atacaría de frente el desempleo y la pobreza extrema en todos sus sentidos. Y hasta se podría pensar en presentar un nuevo paquete tributario, pero no para incrementar los impuestos sino más bien para disminuirlos.


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