El principio de independencia judicial se defiende en casa

Por: Gregorio J. Briglia Peralta (*)

Ex Juez Penal, Abogado Penalista


He dejado que transcurran algunos días, no solo para observar el comportamiento de los medios de comunicación, sino también para poder hacer un análisis más objetivo, en lo relacionado a la participación de un Juez Penal y un técnico Judicial, en la realización de “supuestos actos de corrupción”.


Para quiénes hemos tenido en algún momento la gran responsabilidad de administrar justicia, hay ciertos presupuestos que a mi criterio deben ser sacramentales. El primero de ellos, forma parte del bloque de constitucionalidad y es un presupuesto de acatamiento obligatorio en toda función jurisdiccional, me refiero al Principio de Independencia Judicial, el cual está consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política, en donde nace a la vida jurídica, el conocido principio de separación de poderes.


La finalidad del principio de separación de poderes tiene como objetivo erradicar las concentraciones de poder, lo anterior con la intención de evitar excesos por la misma concupiscencia del ser humano. Este principio busca dotar de garantías a las personas que son juzgadas en procesos penales, en el sentido de que los jueces no deben estar sometidos a ningún poder o autoridad. Lo cual, en una interpretación clara de acuerdo con el principio de legalidad, se trata de un derecho de todo ciudadano.


Los Jueces sin lugar a duda, deben ser verdaderos garantes del Estado Constitucional de Derecho. Esto significa que, dentro de las responsabilidades de un Juez para realizar una labor responsable dentro de la administración de justicia, tiene que tener la capacidad de enfrentar la presión mediática, (medios de comunicación) o cualquier otro tipo de presión que puede generarse en el ejercicio de su digno cargo.


Esto quiere decir que el juez tiene que tener la capacidad de enfrentar las presiones también de sus superiores, y de algunos otros órganos de control interno que existen hoy en día en el Poder Judicial. Pero como abogado penalista y ex juez penal, me parece que siempre ante toda investigación de este tipo, en donde es sabido, que el derecho penal es un sistema de control social y que receta la medicina más potente que existe, entiéndase la posibilidad de privar a un ciudadano de su libertad. Surgen varias máximas jurídicas que no puedo dejar de citar, “se investiga para detener, no se detiene para investigar”.


Una frase en realidad corta, pero realmente poderosa para los aplicadores del derecho. En relación con el acontecimiento de los presuntos hechos de corrupción del Juez de Golfito, surge un presupuesto muy interesante, algunos dicen que es una persona que cumple rigurosamente con la protección de las garantías constitucionales, que es exigente con el ministerio público, lo anterior como parte de las funciones de su cargo y ahora ministerio público lo investiga junto con el organismo de investigación judicial por supuestos nexos con el narcotráfico. Eso tendrá que resolverse en su momento oportuno en una jurisdicción especializada.


Pero aquí, es donde surge un verdadero dilema, es un proceso que aún se encuentra en etapa de investigación y que de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal establece claramente: “…Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave…”


Pero aún con la existencia de esta prohibición, el ciudadano de a pie, el que no conoce el sistema, puede deliberadamente destruir en su mente el Estado de Inocencia de un ciudadano deliberadamente. Pero el tema requiere una meditación aún más profunda. Me refiero a la interpretación que puedan realizar otros jueces a las actuaciones que se materializaron para la detención de este Juzgador.


Entonces, si como Juez no resuelvo de determinada forma, me van a allanar la casa y cabría la posibilidad de que se siga un proceso judicial en mi contra. A este tipo de prácticas hay que ponerles mucha atención. Los jueces pueden empezar a resolver con base al ya escuchado “principio de conservación de puesto” y esto si atentaría contra todas las Garantías Constitucionales.


Es lamentable que, con tanto sindicato dentro del Poder Judicial, ni uno solo de ellos, salga en defensa de este tipo de arbitrariedades en contra de sus funcionarios. Me refiero estrictamente a que se haga respetar como tiene que ser el artículo 295 del Código Procesal Penal, como mínimo o que se les brinde un acompañamiento por lo menos mientras se dilucida una situación de este tipo.


Todos debemos exigir que se cumpla con el principio de independencia judicial. Pero con mucha más razón lo deben defender los funcionarios judiciales, la independencia judicial no solo comienza en casa, sino que también debe defenderse en casa.


(*) E. Doctorado Académico en Derecho Penal UELD

Máster en Derecho Penal

Especialista en Derecho Penal

Centro de Estudios de Posgrados,

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América

Washington D.C., S.J. Puerto Rico.


Los artículos y comentarios expresados en las columnas de opinión de esta Revista son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de La Pluma CR

50 vistas