“¿Facilita el Gobierno la Corrupción Policial?”

Jonathan Flores Mata

Criminólogo

Directivo Nacional de ANEP


Con la aparente participación de uniformados en el robo de armas, y otro equipamiento policial, en la Academia Nacional de Policía, se pusieron en el tapete de la discusión dos temas fundamentales: la falta de medidas de seguridad y la corrupción del servidor policial.


Me enfocaré específicamente en el tema de la corrupción. Lamentablemente, dado el populismo penal tan arraigado en nuestra sociedad, el simple señalamiento de oficiales, como sospechosos de algún ilícito, produce un grave etiquetamiento, y crítica generalizada, para la selección, capacitación, moral, y hasta desempeño, de toda la población policial.


El punto es que, este tipo de asuntos solo es utilizado como una noticia que enciende las alarmas momentáneamente, sobre los procesos de reclutamiento, la capacitación y, muy mínimamente, las condiciones del servidor o servidora policial. Sin embargo: ¿Qué medidas se han tomado para contrarrestar o mitigar los riesgos de corrupción en la función policial en Costa Rica?


Solo como paréntesis: Por favor, no digan polígrafo, porque no solo es una idea absurda e inútil, sino también una iniciativa que lo que realmente busca es engruesar los bolsillos de algunas personas. Además, el tema es prevenir que un efectivo o efectiva, caiga en las tentaciones que el hampa ofrece.


Ahora, haciendo un rápido rastreo lógico, nos encontramos con una crítica que este servidor ha hecho por años, en el 2021, luego de más de una década de la tendencia de aumento de homicidios, y otras cifras de delitos que siguen creciendo COSTA RICA NO TIENE ESTUDIOS CRIMINOLÓGICOS (perdón la euforia). Es decir, salvo las estadísticas, no hay estudios que busquen conocer las razones por las que en nuestro país la gente toma la decisión de trasgredir las normas jurídicas, en la esfera penal. Obviamente, si no existen esa clase de estudios a nivel general, mucho menos los habrá en específico para las y los servidores policiales.


A pesar de todo lo anterior, o, mejor dicho, aún ante la falta de todo lo anterior, el Estado, con su responsabilidad colectiva, no puede solo cruzarse de brazos. Se deben implementar todos los esfuerzos posibles para reducir a la mínima expresión los riesgos de que un servidor o servidora policial se deje corromper. Es claro que, para extender una explicación del porqué se presenta la comisión de un acto delictivo se deben tomar en cuenta una infinita arista de factores, que inciden en el comportamiento de un individuo. Me permitiré refrescar la memoria con la trillada frase aquella de que el ser humano es un ser bio-psico-social, y, por ende, cada estímulo recibido en cada una de estas áreas aporta para definir la conducta.


De aquí en adelante solo me enfocaré en un elemento, pero es que quizá sea el más determinante. Reitero, no pueden las autoridades cruzarse de brazos y seguir repitiendo que es muy difícil controlar este tipo de situaciones. Si es bien sabido que el país se encuentra en momentos de crisis económica, que el costo de la vida es más alto; no hace falta un IQ elevado para entender que se debe proteger y permear a las y los funcionarios que corren riesgo de ser corrompidos. Es claro que, una baja calidad de vida, o carencias materiales NO JUSTIFICAN que un o una uniformada “se pase de acera”, pero, también es claro que, entre menos necesidades afronten será más difícil que esto llegue a ocurrir.


En pocas palabras, dado que la naturaleza de la función policial es insalubre (así establecido por estudios de Salud Ocupacional), peligrosa, y con DIARIA exposición a invitaciones del hampa para dejarse corromper, es lógico que este tipo de trabajadoras y trabajadores públicos DEBEN tener un salario que cubra como barrera estas circunstancias.


Pero, por todos sabido que es todo lo contrario, el nivel salarial, y las condiciones de trabajo NO SIRVEN como escudos protectores del flagelo de la corrupción, Y a pesar de todo, el gobierno actual, luego de hacerle decaer considerablemente su poder adquisitivo al gremio policial, con la Ley 9635, ahora también los quiere meter en la Ley Marco de Empleo Público, y congelarles los salarios indefinidamente.


En conclusión, a pesar de que las condiciones laborales y salariales de las y los policías debería mejorarse por protección a la propia seguridad ciudadana, este gobierno hace TODO lo contrario. Perdón el sarcasmo, pero: ¡Bravo clase política de Costa Rica! Cada vez me convenzo más que están trabajando para los grandes señores que dirigen la criminalidad organizada.



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