¿Facilitan la corrupción policial las políticas gubernamentales?

Jonathan Flores Mata

Criminólogo, Directivo Nacional de ANEP


Al abrir una disyuntiva sobre temas polémicos siempre se pueden observar distintas ópticas, según la posición ideológica, la cantidad de información que se tenga, y las mismas fuentes de donde provenga dicha data, (cualquier tópico que refiera a asuntos políticos posee intrínsecamente su grado de polémica). No obstante, bajo la operación de una sana democracia, no solo es enriquecedor este tipo de ejercicio, sino también necesario. Un pueblo que acepta una coyuntura social sin preguntarse las razones de las calamidades que sufre, o las posibilidades futuras que este escenario le puede significar, está destinado a sufrir situaciones extremas que le harán hundirse en los problemas, o explotar para afrontarlos (los espejos se ven a la perfección en países del cono sur de América).


Es bajo esta premisa que, quienes le seguimos la pista al tema de la seguridad ciudadana, señalamos con vehemencia aquellas circunstancias que nos preocupan, por las consecuencias que se pueden producir en un corto o mediano plazo. Y es que, muchas veces en la idiosincrasia de nuestro bello pueblo cometemos algunos pecados que nos han costado caros, el conformismo, indiferencia y la falta de previsión pasan la factura a diario, y sí, con I.V.A. incluido. Uno de los asuntos que más caro hemos pagado, y lo seguiremos haciendo, es en materia de seguridad.


¿No me creen? Pensemos un segundo: ¿Sería imaginable para nuestros abuelos que en Costa Rica aparecerían de dos en dos, o hasta tres, cuerpos ajusticiados por células narco? ¿Qué hubiera dicho un tico de hace veinte años si le decimos que llegaría el momento en que nuestro país estaría mandando cocaína de manera directa a Europa? ¿Nos hubiéramos imaginado hace diez años que sería cosa de todos los días observar asaltos y asesinatos a plena luz del día en sitios públicos concurridos?


La respuesta a todas esas preguntas, sin miedo a equivocarme, en la inmensa mayoría de los casos sería no. Y esto se debe a que los acontecimientos sociales cambian, transforman la conducta de la ciudadanía, y las reacciones ante los problemas cotidianos; mientras, seguimos siendo cortoplacistas, pensamos en el ya, o en el: “eso nunca va a pasar”.


Si la clase política de antaño se hubiese preocupado por blindar salarialmente a los oficiales de policía, cubrirlos con un régimen benefactor que contempla importantes beneficios para los que arriesgan su vida a diario, les apuesto a que las personas se pelearían por ingresar a las fuerzas de policía, esto daría competitividad, subiría el estándar, la exigencia, nuestro servicio sería mucho más calificado y los casos de corrupción contados con los dedos de la mano.


Pero no fue así, y quienes ingresan hoy en día, lo hacen por necesidad de un trabajo, se desmotivan rápidamente, muchos son presa de los conflictos familiares y alto endeudamiento. Y bueno, detrás de ellos hay grandes grupos organizados que buscan quebrantarles la voluntad, comprarlos y hacerlos sus cómplices.


Estamos cansados de decir al gobierno que los oficiales de la policía, esos que trabajan jornadas mínimas de 12 horas, que no están con sus familiares en navidad, año nuevo, las vacaciones escolares, que no acompañan a sus hijos en las graduaciones, que los amenazan de muerte a diario, que no duermen al lado de su cónyuge por las guardias nocturnas…y encima viven sobre endeudados porque ganan una porquería; esos funcionarios deben tener mejores condiciones, tanto laborales como salariales.


Adivinen la reacción de las autoridades: …correcto, ninguna, peor que la indiferencia absoluta, han contribuido a que los oficiales tengan condiciones cada vez más desfavorables. Un policía no puede hacer huelga, depende de la “voluntad” del patrono para conciliar algún conflicto colectivo (o sea, cero posibilidades), no puede someterse a arbitrajes, poca falta para que los declaren sin capacidad de actuar (jurídicamente hablando y desde la perspectiva laboral) ¿Qué les queda, acudir a las calles? Lo pueden trasladar a cualquier lado del país cuando la jefatura así lo quiera (sí, eso incluye si no le cae bien), sin importar dónde tenga la familia, o si paga una millonada de pasajes. Además de eso, lo incorporan dentro de la aplicación de la Ley 9635, que automáticamente, para viejos y nuevos, produjo una pérdida de poder adquisitivo en el salario de los oficiales de hasta cien mil colones en cinco años, mientras el costo de la vida seguirá incrementándose en ese mismo plazo.


Damas y caballeros, aquí podríamos hablar días sobre valores y otro montón de conceptos abstractos y subjetivos, pero hay una cosa que es innegable, alguien con hambre y necesidades primero buscará la manera de suplirse, y será mucho más fácil de hacerle caer en actos ilícitos.


Contribuir para que los oficiales de policía tengan cada vez menos poder adquisitivo, en palabras simples, precarizar más el salario de los efectivos, es sinónimo de abrir una brecha de riesgo que le facilite a las estructuras criminales organizadas, que tienen recurso abundante, el reclutar aliados, e infiltrarse en los cuerpos policiales. Que esto sea una situación preocupante y lamentable, si, que es una realidad tangible y se puede experimentar en un mediano plazo, también sí, que se le ha advertido al gobierno de este asunto, nuevamente sí, que han puesto atención y buscan la manera de evitar este escenario: NO.


En el momento en que la corrupción se convierta en una noticia común dentro de los cuerpos policiales, o que las investigaciones judiciales arrojen cifras alarmantes sobre el reclutamiento de oficiales de policía en grupos delictivos, entenderemos tardíamente que era ahora el momento de intentar enmendar esto. Y por supuesto, aunque ya no sirva de nada, recordaremos a los políticos de este momento por su complicidad para empeorar la seguridad del país. (Esperemos y no sea que lo estén haciendo adrede para beneficiar al hampa).


La propuesta es sencilla, ya que la situación fiscal del país es complicada, y se torna difícil acordar un incremento salarial para los oficiales (aunque se dejen de percibir millones en exoneraciones e impuestos dejados de pagar por grandes empresas); lo mínimo que una clase política, mínimamente comprometida con la seguridad ciudadana puede hacer, es comprender el tratamiento especial que merece, y se le debe dar, a los cuerpos policiales, y devolverles los incentivos salariales que les arrebataron con la “Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas” (entiéndase las comillas como un gran sarcasmo). También es posible ir trabajando en la mejora de otras cuestiones de índole no salarial, como la reubicación cerca de lugar de residencia, proyecto de pensión anticipada, cobertura de póliza 24/7 (como se supone se es policía las veinticuatro horas), y condiciones jurídicas para abordar aspectos laborales a nivel colectivo.


A través de la indiferencia, discursos gastados y aprendidos de despilfarro en salarios del sector público (en el ámbito policial ninguno, dicho sea de paso), el ejecutivo ha indicado expresamente: NO LE DAREMOS TRATAMIENTO DIFERENTE A LOS POLICÍAS, y nuestros legisladores siguen enfocados en temas… digamos más, diversos. En conclusión, esto de la seguridad y los seres humanos que se encargan de ella, no mejorará con el tiempo, empeorará, y puede llegar a ponerse muy feo (sí, aún más). Solo esperemos no ver a policías tan molestos que recurran a las calles a hacer valer su dignidad, ni cayendo en la tentación de la corrupción de forma masiva. Y usted: ¿Qué les pide a los políticos en este tema?