La delincuencia de Cuello Blanco

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud ANEP


Existe una realidad en nuestra región que no podemos pasar por alto: el crecimiento constante de la población privada de libertad, el abuso del poder punitivo de los estados en perjuicio de ciertos individuos y, la excesiva utilización de la cárcel como medida de política criminal ante la presunción o la existencia real del delito.


Lo anterior es muestra clara de que nuestros países no logran abordar la delincuencia de manera exitosa. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de conocimientos y de coordinación respecto de tres disciplinas: la Política Criminal, la Criminología y el Derecho Penal. La carencia de un adecuado equipo interdisciplinario que logre conciliar estas ramas del conocimiento y encausarlas en una lógica de apoyo, auxilio y retroalimentación entre ellas, nos está pasando una factura muy alta.


Las autoridades estatales, en procura de mejorar su imagen ante el crecimiento de la indignación social, la percepción ciudadana de inseguridad y la descalificación política, refuerzan la persecución en contra de la comisión de delitos comunes, de los violentos y de aquellos que no implican un alto grado de complejidad para su determinación.


El problema es que se continúa estigmatizando y criminalizado la pobreza, a personas con altos niveles de vulnerabilidad o en riesgo social. Es decir, a personas que residen en determinadas zonas llamadas “conflictivas” o que pertenecen a cierto status social. Sin embargo, no pasa lo mismo con el delincuente económico, con el hiper- cualificado, el técnico, el profesional y el empresario. La cárcel no se hizo para ellos, pese a que cometen delitos con enorme implicación económica y en perjuicio del desarrollo de todo un país.


El delincuente económico no es cuestionado penalmente por la influencia que ejerce, no se constituye en cliente de los sistemas penitenciarios, precisamente, porque tienen suficientes recursos monetarios para contratar la mejor defensa de un país, tiene los contactos en el mundo político y en los sistemas judiciales.


Igual suerte corren las personas jurídicas, las grandes empresas. Un reciente informe de Global Trends, indica que de los 150 entes económicos más grandes del mundo 59% son empresas y 41% son estados. Si estas grandes empresas se consideran macro-actores de las sociedades actuales, sería lógico pensar que el Derecho Penal debe involucrar a estas personas porque su capacidad de acción perfectamente los puede llevar a deteriorar bienes jurídicos.


Lo que pasa es que, las respuestas de la Criminología Empresarial en nuestros países no siempre están orientadas al análisis de riesgo, a los planes de contingencia, ni a la investigación seria que les permita a las empresas reducir sus oportunidades delictivas. Por eso, no es de extrañar que las cifras por evasión tributaria en la mayoría de los países de la región sean realmente alarmantes.


Podríamos estar de acuerdo o no con Sutherland respecto de los alcances del término “delincuencia de cuello blanco”, pero desde 1939, cuando se oficializó la expresión, también se plantearon nuevas ideas en las que se indicaban que “el delito de cuello blanco no estaba asociado con la pobreza o con las patologías sociales o personales que acompañan a la delincuencia de clase baja”; que “el objetivo de las leyes eran los peces pequeños, y que las ballenas y los tiburones pasaban desapercibidas por aquellas”; o que, el delito de cuello blanco se define “como aquél cometido por una persona de respetabilidad y de alto “status” social en el curso de su ocupación”.


Cualquiera que sea nuestra idea del delito de cuello blanco, en términos generales se concibe como aquél que tiene relación con el dinero, con el conocimiento técnico-profesional y con el poder. En otras palabras, aunque el dinero y el status jueguen un rol importante, lo es aun más los procedimientos ingeniosos y el poder de influencia que utiliza una persona física o jurídica para cometer el delito y para evadir los mecanismos de control.


Es importante señalar que la afectación de la delincuencia de cuello blanco no sólo amplía las brechas de desigualdades y encamina a los países a la ruina, sino que sus actuaciones les generan un daño impresionante a nuestras democracias. Sólo para citar un ejemplo en este campo, podemos señalar el financiamiento ilegal de los partidos políticos. Puede ser que las legislaciones internas regulen o les pongan límites a las donaciones directas, pero los involucrados se valen de una serie de vacíos legales o estrategias para recibir donaciones de grandes empresas a través de otros medios.


Puede ser que un partido político que reciba donaciones de manera irregular alegue en su defensa que esta actuación no pone en peligro ningún bien jurídico. No obstante, los partidos políticos juegan un rol importante para el fortalecimiento de las democracias y el financiamiento ilegal de los mismos constituye una competencia desleal entre partidos. Nótese que los partidos políticos como agentes sociales se deben organizar dentro de estas esferas con absoluta lealtad y aceptar una financiación en los términos antes descritos, es competir con absoluta deslealtad.


La financiación irregular de los partidos políticos como un tipo de delito de cuello blanco, constituye, a su vez, una puerta para que en los ejercicios democráticos se puedan filtrar dineros de la actividad narco, o la legitimación de capitales. Podemos valorar esta conducta en el ámbito de la corrupción y pensar que esta figura está debidamente tipificada en nuestros códigos penales a la par de la asociación ilícita, tráfico de influencia o la falsificación de documentos. Sin embargo, la capacidad operativa y el poder de influencia de este tipo de corporaciones es altísimo y el seguimiento para su respectiva sanción se vuelve difícil por los niveles de complejidad de la figura de financiamiento ilegal.


En escenarios como los descritos, los países enfrentan un gran desafío respecto de la delincuencia de cuello blanco: desarrollar herramientas tecnológicas para los efectos y contar con personal suficiente y altamente capacitado para desenvolverse en el mundo político-empresarial con los hombres de negocios sin correr el riesgo de ser absorbidos por las ofertas o las estratagemas de este tipo de delincuentes.


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