La regla fiscal, una absurda limitante para que los Gobiernos Locales brinden mayores servicios

Actualizado: 24 de jul de 2019

Lic. Verny Valerio Hernández


En los últimos años, los Gobiernos Locales han ido fortaleciéndose y modernizándose, incursionando cada vez más en la prestación de una serie de servicios novedosos y diversos en sus respectivos territorios, ejemplos muy concretos lo constituyen la creación de cuerpos de policía municipal, policía municipal de tránsito, plataformas de monitoreo, programas sociales, culturales, deportivos, etc.


Este comportamiento ha ido generando cada vez mayores expectativas de los munícipes de cada cantón, quienes reconocen en su respetiva municipalidad, la verdadera rectora y administradora de los intereses y servicios de su comunidad, los cuales demandan cada vez más y mejores servicios.


Es decir, con absoluto bien tino, la inmensa mayoría de los Gobiernos Locales de nuestro país ha optado por invertir buena parte de su presupuesto en programas sociales, culturales, deportivos y de seguridad entre muchos otros, los cuales sin lugar a dudas representan una mejora significativa en las condiciones de vida de los habitantes, los que, si no se brindan desde lo local, posiblemente nunca llegarían a los cantones.


Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas número 9635, se introdujo al ordenamiento jurídico la denominada “Regla Fiscal”, que constituye un mecanismo de contención del gasto que establece que las instituciones públicas tienen un tope del 4,67% del gasto corriente del año siguiente, con respecto al presupuesto del año anterior.


La aplicación de esa “Regla Fiscal” como mecanismo de contención del gasto, tiene su lógica y su sentido práctico en las instituciones que conforman el aparato central del Gobierno o las que reciben la totalidad o la mayoría de sus presupuestos mediante transferencias del Gobierno Central, pues son estas entidades las que han sido causantes y responsables del déficit fiscal que afronta nuestro país.


Ese no es el caso de los Gobiernos Locales, los cuales son prácticamente autogestionarios en la recaudación de sus presupuestos y que reciben cantidades verdaderamente ínfimas por concepto de transferencias del Gobierno Central. Es decir, bajo ninguna circunstancia podría endilgársele a los Gobiernos Locales algún tipo de responsabilidad por el déficit fiscal que ha generado el Gobierno Central y algunas entidades autónomas, por lo que limitar el gasto corriente de las municipalidades, además de una ligereza pareciera un contrasentido jurídico, pues esa medida de contención aplicada a los Gobiernos Locales en absolutamente nada disminuirá el déficit del Gobierno Central.


Lo que sí va a impactar de forma negativa, es la cantidad y calidad de servicios que brindan los Gobiernos Locales y que constituyen gastos corrientes. Como una consecuencia directa habrá afectación de los intereses de los munícipes de cada cantón.

Aplicar la “Regla Fiscal” a los Gobiernos Locales no atiende al interés común, pues sería lo mismo que desconocer las evidentes y notorias diferencias financieras entre el Gobierno Central y los Gobiernos Locales. Son realidades completamente distintas, es más entre los Gobiernos Locales existen marcadas diferencias y ocuparse por si mismos de sus asuntos es la esencia de la autonomía municipal consagrada en el artículo 170 de la Carta Magna, que consiste en autonomía política, administrativa y financiera.

Establecer un tope de 4,67% al crecimiento del gasto corriente de los Gobiernos Locales por medio de la “Regla Fiscal”, implica limitar las remuneraciones, cargas sociales, contratación de servicios, capacitación, suministros, pago de intereses de préstamos, creación de nuevas plazas, etc., lo cual como lo hemos venido diciendo, no será otra cosa más que un desmejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de cada cantón.


Con buen suceso, un considerable grupo de diputados y diputadas representantes de todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, han escuchado al sector municipal y han presentado un proyecto de ley para excluir a los Gobiernos Locales de la aplicación de esta regla, incluso han aprobado una moción para darle trámite al proyecto sin necesidad del trámite de comisión legislativa.


Esta disposición de nuestros legisladores de corregir los yerros o errores legislativos de forma inmediata, es sin lugar a dudas, la expresión del reconocimiento de los actuales legisladores de la importancia y trascendencia de los Gobiernos Locales para este país y para el buen vivir de nuestros semejantes.


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