Las decisiones de los gobernantes que aumentarán el gasto

Jonathan Flores Mata

Criminólogo

Directivo Nacional de ANEP


Lamentablemente, la pandemia por el conocido covid-19 ha sido aprovechada siniestramente para resaltar la crisis económica que atraviesa el país y apuntar el dedo a “soluciones” que, claramente, se basan en pasarle la factura al pueblo, y proteger todo lo posible a los grandes acumuladores de riqueza.


Con esta repudiable estrategia, y siguiendo las órdenes del poder real, (que no es el mismo que los representantes elegidos por las vías democráticas) el Poder Ejecutivo, en contubernio con la mayoría de diputados y diputadas, ha tomado decisiones regresivas y que afectan a la clase trabajadora (públicos y privados, porque todos nos hemos visto victimizados)


Hagamos una recapitulación somera: Ley 9635, entrada del IVA, la aplicación del mismo a la canasta básica, el congelamiento salarial del sector público, el incremento del desempleo, la imposibilidad de nuevas plazas en el gobierno y encima de todo, las intenciones de cargar al pueblo con más impuestos (aumentar el impuesto de renta, impuesto a las transacciones bancarias en general, impuesto a la lotería, vender activos del Estado, movilidad laboral en el sector público), por la negociación con el FMI. Esto se traduce en un considerable aumento del costo de la vida, mientras, se experimenta una disminución de las remuneraciones salariales, o sea, más pobreza.


Todas estas decisiones regresivas, como ya se dijo, se acunan hipócritamente en la excusa de reducir costos por la crisis fiscal. Empero, hay un enorme detalle que la Administración Alvarado no está tomando en cuenta, posiblemente, porque a quienes giran las órdenes, no les interesa: la seguridad ciudadana y los costos que esta demanda.


En variadas ocasiones he indicado que es un gravísimo error técnico hacer una vinculación automática entre pobreza y comisión de delitos, pues esto es criminalizar la pobreza. No obstante, al aumentarse las franjas de pobreza, disminuir el poder adquisitivo de la gente, incrementar el costo de vida, anular la posibilidad de entrar en el aparato estatal y denigrar cada vez más las condiciones laborales del sector privado, en momentos donde el desempleo se ha disparado; es innegable que se genera un estado de vulnerabilidad social.


Recordemos la trilladísima frase aquella de que: “el ser humano es un ser bio-psico-social”. Esto, muy a groso modo, quiere decir que las decisiones de una persona se basan en el procesamiento de los estímulos que recibe en estas tres grandes áreas. Lastimosamente, en lo que respecta al tema económico, y los delitos contra la propiedad, las motivaciones vienen mayoritariamente empujadas por los acontecimientos sociales. Y, las personas, al perder, o ver disminuidos, los medios económicos para satisfacer sus necesidades sean básicas o de consumismo, buscarán otras alternativas para alcanzarlas, desde la informalidad, hasta el crimen organizado. El reclutamiento del narcotráfico en las zonas pesqueras es el mejor ejemplo, real, de estas circunstancias.


Entonces: ¿Las decisiones políticas del presidente Alvarado y compañía aumentan la vulnerabilidad social para que las personas valoren cometer actos en contra de la ley?


Absolutamente SI. Y, entre mayor es la cantidad de personas que se encuentran en esa difícil situación, mayor será el número que caiga en las garras del delito, recalco, es un perfecto caldo de cultivo para el crimen organizado, en todas sus modalidades.


La parte contraproducente del asunto es que, precarizar la clase trabajadora, aumentar la desigualdad, incrementar el desempleo y los índices de pobreza, como lo están haciendo nuestros gobernantes de turno, en lugar de producir un ahorro al país NOS costará más caro.


Las razones son muy sencillas, cuando la criminalidad aumenta, también aumenta la población privada de libertad, se demanda más cantidad de policías, que requieren de equipo, y se necesita un esfuerzo económico para reforzar todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia, personal para los procesos legales, infraestructura, y las condiciones dignas para los procesados (no olvidemos que ya hay una preocupante crisis de hacinamiento, tanto en OIJ, como en el Ministerio de Justicia).


Para las personas del ámbito privado, el aumento de la inseguridad ciudadana significa mayor inversión en sistemas de seguridad, monitoreo y respuesta… sin que eso les garantice que serán inmunes a sufrir el ataque del hampa.


El costo de mantener un privado de libertad al mes es variable según a quien se le pregunte, 700 mil, 900 mil, 1.000.000 de colones. Lo cierto es que esta cifra también sube con el incremento en el costo de la vida. De manera que, dicho de la forma más sencilla, con el incremento de la criminalidad que está a la vuelta de la esquina, por las decisiones de esta Administración, aumentará la población carcelaria que también será más cara de mantener.


¿Qué pasará cuando eso suceda, nos pedirán más impuestos? A menos que tengan planeadas gruesas liberaciones masivas, y convertirnos paulatinamente en una sociedad anómica.


En conclusión, el objetivo de “ahorro” que nos quiere vender el gobierno, es una mentira barata con la que buscan vernos la cara. Esta Administración, de cumplir sus viles intenciones, solo terminará castigando al pueblo.


Nos gustaría verlos enfocar los esfuerzos en la elusión, evasión, exenciones, exoneraciones, blanqueamiento de capitales y demás escenarios con los que podríamos salir de la crisis. Pero claro, para eso se necesitan gobernantes que de verdad nos representen, y no que estén entregados a los intereses del gran capital, como sucede en la actualidad...