Mensajes ocultos de la Ley Marco de Empleo Público

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario Nacional Juventud, ANEP


Una de las conductas que más deslegitima a un político es el engaño que, con trampas y mentiras, procure lograr sus objetivos personales a costa del bienestar de las personas más humildes y desprotegidas del país. La Ley Marco de Empleo Público no se escapa de esos “ingenuos” arrebatos de politiquería.


Nadie ignora el alto contenido ideológico que puede encerrar una ley desde el momento mismo de su sanción; pero otra cosa muy distinta es valerse de artilugios legales y circunstanciales para intentar jugar con la dignidad de las personas.


La Ley Marco de Empleo Público figura como “panacea” frente a todos los males que nos aquejan en el país; es como esa “pomada canaria” para atender la crisis económica, las desigualdades, la pobreza, el desempleo, la impopularidad política, la delincuencia; y, por qué no, hasta para consuelo de quienes danzan en la carroza de los tontos.


Los más “vivillos” opinan que es una ley sumamente necesaria para mandar un mensaje claro de contención del gasto, de ataque a las vergonzosas desigualdades salariales en el sector público y de comodidad para quienes roban impuestos, o tienen la dicha de ser injustamente exonerados de ellos.


La obra maestra que promete regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de “empleo mixto” entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, esconde algunos mensajes que se podrían ir descubriendo con el paso del tiempo. Por cuestiones de celeridad, a continuación, se procederá a mencionar unos cuantos.


Primero, la citada ley propone una línea de austeridad, de recorte del gasto público, y de equidad en la cuestión salarial. Estos asuntos, aunque requieren de cuidado por mezclar visiones fiscalitas, suenan muy bien; por ejemplo, no es justo que dos personas que realizan las mismas funciones para dos instituciones distintas del Estado tengan diferencias salariales tan marcadas.


El tema es, preguntarnos si esta modificación se puede realizar sin recurrir a una reforma tan invasiva del empleo público; o si, por el contrario, lo que verdaderamente se persigue con esta ley es desmantelar el Estado Social y Democrático de Derecho.


Podemos preguntarnos si la responsabilidad de crisis económica se la están endosando a los empleados públicos, pero a los de regímenes no privilegiados. Tómese nota que, la mayoría de las veces, quienes ostentan salarios privilegiados están bajo sistemas de protección especial que no permiten modificaciones; y que, en caso de aplicarse la Ley Marco de Empleo Público, tampoco se garantiza que la afectación será para ese tipo de salarios cuestionables, debido a que, si forman parte de una equis “familia” dentro del Empleo Público, podría perfectamente seguir gozando de sus condiciones.


Todo esto pone en evidencia que el propósito de esta ley es, afectar negativamente el salario de quienes se encuentran en regímenes poco favorecidos; y de cierta manera, también pretende debilitar el área de acción del Servicio Civil, quitándole funciones y concentrando el poder en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), con todas las implicaciones que ello conlleva para la Democracia costarricense.


Segundo, el tema del salario global o salario único. Se alega que esta medida es para evitar dar incentivos a todas las personas trabajadoras del sector público, especialmente a aquellas que no realicen funciones eficientes, eficaces, de excelencia y de calidad. Se cuestiona que actualmente el salario compuesto es muy injusto porque beneficia a unos y trata muy mal a otros. Se piensa que la mejor manera de lograr un equilibrio con razonamientos equitativos es evitando los incentivos salariales.


El problema es que un salario global en los términos propuestos, podría ser un arma de doble filo. Por una parte, fijar un salario único a ciertos colectivos de trabajadores como el policial, no es tarea sencilla. Para nadie es un secreto que el salario de los policías es relativamente bajo, pese a que los niveles de responsabilidad y riesgo son elevadísimos. Aún con la posibilidad de salarios compuestos, apenas les alcanza para sufragar sus necesidades. Nada garantiza que ese salario global que la ley propone será lo suficientemente bueno para que la mayoría decida voluntariamente migrar a la nueva modalidad; o que, con el transcurso del tiempo se le realizará la adecuación razonable. En otras palabras, no hay garantía de que, si con el transcurso del tiempo el costo de vida se dispara, el salario único de los policías va a ser readecuado con criterios razonables a la nueva realidad.


Tercero, la Ley Marco de Empleo Público en aras de lograr la eficiencia, la eficacia, la excelencia y la calidad, propone un sistema de calificación rigurosa que los empleados públicos no tendrían problema en cumplir, siempre y cuando el Estado les garantice las condiciones. Sin embargo, muchas personas servidoras públicas no cuentan con las condiciones adecuadas como para someter su calificación al cumplimiento de metas u objetivos al mejor estilo de la empresa privada, con naturaleza y objetivos muy distintas de las que se pretenden en el empleo público.


Así, por ejemplo, el Sistema Penitenciario Nacional, cuyas metas utópicas de reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad requieren de mucha inversión, de espacios adecuados y de personal suficiente, cómo podría explicar el no cumplimiento de esas metas sin afectar negativamente a los servidores. Y el problema será que dos calificaciones malas será motivo suficiente para el despido sin responsabilidad patronal, con ello la ley muestra una afectación al principio de estabilidad del empleo público y flexibiliza el despido.


Finalmente, la forma poco democrática de construcción de esta ley indica que los fines que persigue van más allá de los que exaltan sus promotores. Se menciona que una de sus pretensiones dice tener relación con el estancamiento del salario mínimo del sector público, señalando la diferencia que existe con el salario mínimo del sector privado, es decir, que, en vez de subir la base salarial tan precarizada del sector privado, lo que se busca es bajarle el piso a la base del sector público.


Los aspectos analizados y muchos otros que no se mencionan aquí, parecen ser parte de una tríada normativa perversa en contra de todos los trabajadores públicos. Es la continuidad de lo que no logró eliminar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal), en cuanto a la eliminación de las autonomías y el título sobre remuneraciones; así como, lo que no se incluyó en las limitaciones a la libertad de expresión y de protesta social de la Ley Anti-huelga, conocida como Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos. Todo es señal clara de que detrás de esta ley existen una serie de mensajes ocultos o pretensiones maliciosas para debilitar a las personas trabajadoras y desincentivar la organización sindical.



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