Otra Telaraña de Corrupción Gubernamental tiñe al País

  • 78 mil millones de colones se presume monto de malversación


Desde tempranas horas del día se desplegaron distintos operativos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el fin de realizar allanamientos en varias instituciones del Estado y empresas constructoras de infraestructura vial, por presunto peculado, malversación de fondos públicos, pago de dadivas y favores sexuales para la obtención de contratos y ejecución contractual en proyectos de obra pública. Aparentemente algunos funcionarios de las instituciones encargadas recibían dinero, vehículos, terrenos y viajes a cambio de favorecer a las empresas.


57 allanamientos se realizaron entre San Carlos, Cartago, Alajuela, Heredia y Desamparados, que incluían 14 instituciones públicas, entre las que se encuentran el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el CONAVI y el CTP, así como las empresas constructoras, entre ellas, MECO, H. SOLÍS y Casa Presidencial, siendo ésta la segunda ocasión en la historia del país que por actos de corrupción la Presidencia de la República ha sido allanada, sumado a esto que se dé en menos de año y medio y durante el mismo periodo constitución. Recordemos que en febrero del 2020 se realizó el primer allanamiento por el caso de la fallida Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).


En estos operativos se realizaron varias detenciones aparentemente ligadas al cobro de dichos favores, investigación que se realiza desde el 2019, ante denuncias realizadas por un grupo de personas ante los aparentes favorecimientos a una cúpula empresarial establecida por las empresas allanadas y no como se pretendió indicar en varias redes sociales afines al Partido Acción Ciudadana (PAC), que indicaban al Ministro de Transportes como denunciante de los actos de corrupción. Situación que fue aclarada por el mismo jerarca en un comunicado en el cual asegura desconocer los detalles del proceso que lleva el Ministerio Público.


Se estima que los hechos denunciados y el movimiento presupuestario que perjudicaron algunas obras ya concesionadas como el caso de la Ruta 32, así como el incremento del costo de obras esta valorado en 78 mil millones de colones.



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