¿Para quién trabajan?

Jonathan Flores Mata

Criminólogo

Directivo Nacional de ANEP


Con la aprobación, en primer debate, de un recorte al presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, de poco más de 5300 millones de colones, se ha echado gasolina al fuego y activado la polémica. Las opiniones van y vienen, como olas de un mar embravecido. Naturalmente, ni las reacciones de los propios jerarcas de esa cartera, que mucha culpa tienen de este “tijeretazo” a su presupuesto, ni las posiciones disidentes a los mismos, se hicieron esperar. Aunque para el exceptivo suscrito es indiferente, pues se trata de un burdo juego político.


Lamentablemente, este recorte presupuestario no es más que otra señal, otra prueba, de que la clase política de nuestro país carece de conocimiento y consciencia de lo que implica la seguridad ciudadana. Eso, o trabajan directamente por los intereses de los grupos criminales. ¿Para quién trabajan señores y señoras políticos y políticas?


Recordemos que contamos con un parlamento que aprobó una ley como la 9635, que instantáneamente hizo descender en más de 90 mil colones el poder adquisitivo de las personas en funciones policiales. En ese mismo aspecto, el Poder Ejecutivo se rehusó a plantear la exclusión de las y los policías de la aplicación de esta ley (bajo el argumento de igualdad con los demás trabajadores y trabajadoras). Las y los magistrados (si, ellos también son políticos, no nos engañemos) dieron su aval constitucional, y otros han venido cambiando sus criterios “jurídicos” para no reconocer derechos laborales, y que las y los oficiales ganen cada vez menos, pese a tener más labores a cuestas.


Al único grupo que le sirve una policía cada vez más mal pagada es al hampa, no hay que ser experto para saberlo.


Y es que, los pecados hacia la seguridad ciudadana son muchos, y están vigentes, recordemos algunos: en Costa Rica se niegan a dar su firma para reingresar al programa de revisión de contenedores de la ONU. Tampoco se nos puede olvidar la negociación de la concesión portuaria, donde se “obvió” establecer el uso de los escáneres, y que ahora el gobierno no puede hacer revisiones por parejo porque no le alcanza el dinero (y todavía nos preguntamos por qué llega la piña con droga a Europa). No se puede perder de vista la férrea resistencia al uso de escáneres para revisión de contenido en las aduanas fronterizas. No es posible soslayar las obstaculizaciones a propuestas como la extinción de dominio. No debemos omitir que la cantidad de personal en la PCD en 2020 es la misma que lo era en 2010. Ni el negocio agazapado para sustituir a Vigilancia Aérea por seguridad privada en los aeropuertos…Entre muchas otras situaciones, todas responsabilidades de la clase política ACTUAL.


Y: ¿A quién favorece que todo eso suceda? Correcto, son condiciones ideales para la legitimación de capitales, el contrabando, narco tráfico y demás modalidades del crimen organizado.


Si a toda la problemática de inseguridad le sumamos los conflictos sociales, los femicidios, los homicidios dolosos, la delincuencia común y la atención de emergencias nacionales (si, como el covid-19), nos damos cuenta de que la seguridad ciudadana, los Cuerpos Policiales en general, necesitan una verdadera inversión y refuerzo. Por cuanto, el escenario es cada vez más complicado, más peligroso, y nuestra seguridad se debilita, un recorte es ABSURDO.


Se torna menester hacer hincapié en esto, un recorte de tal magnitud al presupuesto de una institución policial es sinónimo de una afectación operativa directa a la función policial, y eso es negativo para la ciudadanía en general.


Reitero ¿Para quién trabajan? Porque solo la delincuencia se beneficia de la existencia de una seguridad ciudadana cada vez más cutre y falta de oxígeno para reaccionar.


Sobre la capacidad de quienes dirigen, o lo bien administrado del dinero, ese es otro tema, y para ello existen entes contralores en nuestra institucionalidad. Así que, señores y señoras de la clase política, si en verdad trabajan para el pueblo, y no para el crimen organizado, es momento de demostrarlo. Las y los legisladores están a tiempo de enmendar tamaña barbaridad, y luego pedir cuentas para que el dinero se gaste bien (los apoyamos en eso, es necesario).


Les queda de tarea ocuparse de la integralidad del tema, si es que en verdad quieren mejorar la seguridad ciudadana.


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