“Polígrafo en las Policías”

Jonathan Flores Mata

Criminólogo

Directivo Nacional de ANEP


Recientemente, en la Asamblea Legislativa, se ha aprobado en segundo debate, con 32 votos, el expediente 21.490 “Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía de seguridad nacional”. Sin lugar a duda, las reacciones al respecto no se deben hacer esperar.


No quiero enfocarme en una discusión de si se debería o no aceptar, o de si debería ser obligatorio para todas las policías, por una cuestión de transparencia y demás. Este servidor desea encauzarse en un análisis más objetivo de la ley aprobada.


En el articulado se observa cómo se hace un compendio de casi todos los cuerpos policiales existentes en el país, indistintamente del poder de la República al que pertenezcan, incluyéndolos como si fueran todos parte del mismo estatuto. Hago un paréntesis, a muchos nos gustaría ver la misma claridad para aplicar la Ley General de Policía y la prioridad de la misma sobre la ley 9635, en la esfera laboral. Lo siento, no podía seguir sin expresarlo.


Ahora bien, sin necesidad de entrar a ejecutar un análisis detallado a nivel jurídico, es más que claro que esta ley deja mucho que desear desde su concepción misma. En el objeto dispuesto se destila la frase: “…los más altos niveles de eficiencia técnica, conducta, moral, transparencia y profesionalidad en sus funciones…”. Sobra decir que, cuando en el articulado se incluyen conceptos que jurídicamente son indeterminados, el camino de aplicación ya está empedrado.


Siguiendo con la lectura, nos damos cuenta de que, la verdadera finalidad es obtener un instrumento que le permita a la institucionalidad “levantar una sospecha” contra la conducta de un oficial de policía, para tomar decisiones a nivel laboral. Sin embargo, esto trae consigo una serie de elementos que no se pueden dejar de lado, el primero es que, para ser objeto de dicha prueba se debe contar con la manifestación voluntaria de la persona. El simple uso de la lógica nos dicta que nadie que esté relacionado con actividades incompatibles con la función policial se va a someter por gusto propio al polígrafo.


Por otro lado, ninguna información obtenida por este medio puede ser utilizada en procesos administrativos, ni judiciales. Esto debido a que, en obediencia a diferentes resoluciones de Sala Constitucional y estrados a nivel penal, se consideraría prueba espuria, de forma que, más bien podrían poner en peligro un proceso.


Concordante con esto, las prohibiciones de uso de los resultados de la prueba de polígrafo, más la condicionante de la aplicación voluntaria, prácticamente la convertirán en una práctica inútil. Veamos lo que dice la propia ley textualmente: “…Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza policial o cuerpo especial de policía. Tampoco podrán ser utilizados los resultados de polígrafo en procesos judiciales…”


Entonces, quiere decir que esta prueba de polígrafo únicamente podría surtir algún efecto a nivel laboral, aunque no queda muy claro el cómo, y eso, sinceramente, me parece que tampoco será así. Un pequeño vistazo a algunas resoluciones de Sala Segunda me hace sospechar (estar casi seguro) que, desde la legalidad, esta norma no servirá de nada.


Aunque, de una Asamblea Legislativa que ha aprobado leyes como la 9635, la contrarreforma a la Reforma Procesal Laboral, o sea, la ley anti huelgas (si, ya sé que tiene otro nombre) y que viene en camino la Ley de Empleo Público; se puede esperar cualquier cosa. En realidad, pensándolo en frío, más bien sería de esperar, que aprueben adrede, normas que violentan los principios laborales y fundamentales.


Suponiendo que nos encontramos en un verdadero estado de derecho, y esperando que en el Poder Judicial no harán lo de otras ocasiones, que anteponen los favores políticos sobre la administración de justicia, entonces, podríamos afirmar que las y los padres de la patria, han aprobado una ley absolutamente inservible, por cuanto su aplicación carece de utilidad alguna. Salvo que el objetivo real sea algún negocio con las licencias y la capacitación de la Escuela Nacional de Policía (pero ya eso sería otro tema, aunque con un gobierno PAC, pues tampoco sería nada extraño).


Señores y señoras diputadas, con el mayor respeto: ¿Por qué no se abocan a aprobar leyes en temas que si sean necesarios para el país?



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