Proponen derogar prohibición de minería a cielo abierto con el fin de evitar la explotación

  • Colegio de Geólogos trabajó en la propuesta y avala al 100% la iniciativa.

  • Proyecto pretende que impuestos generados en la zona, lo conserven los municipios donde se desarrolle la actividad


La jefa de la bancada del partido Unidad Social Cristiana María Inés Solís, presentó a la corriente legislativa una iniciativa de Ley que pretende derogar la prohibición que existe para la minería a cielo abierto, restricción que existe en nuestro país desde hace 10 años.


El proyecto 21.782, Ley para el aprovechamiento rural de los minerales metálicos en Costa Rica, cuenta con el aporte técnico del Colegio de Geólogos de Costa Rica y busca retomar su regulación y someterla a reglas técnicas que permitan el control absoluto y desarrollo responsable de esta actividad por parte del Estado, que debe velar también por la protección de los pasivos ambientales a lo largo de las etapas de exploración y explotación.


“Los costarricenses, pero en especial quienes vivimos en San Carlos, somos testigos de la devastación ambiental que existe en la zona Crucitas, luego de que el Estado renunciara hace 10 años a legislar sobre el tema de la minería metálica a cielo abierto. Prohibir esta actividad, lejos de proteger nuestro yacimiento aurífero, la flora y fauna de la zona, provocó su explotación ilegal que, desde entonces, realizan miles de extranjeros ilegales que ingresan desde otros países de Centroamérica al nuestro para extraer el oro tico, sin que el Estado o el Municipio reciban un solo recurso por concepto de impuestos o cánones, pues esa actividad la prohibió la ley. Como Legisladora representante de la Zona Norte, me veo obligada a actuar”, expresó la diputada proponente.


La iniciativa, clasifica la actividad minera metálica según el tamaño del procesamiento del material que se extraiga en cada yacimiento, a la vez que fija también los impuestos adicionales que generen la actividad para la zona, con independencia de los que el Estado puede también cobrar por el desarrollo de esta industria. Para tales efectos un 30% del equivalente a lo que representa el impuesto al valor agregado (IVA) por las ventas brutas, pasará directamente al Municipio para el financiamiento de programas, obras y proyectos locales de interés para la Municipalidad y para las comunidades, a quienes se les distribuirá con ese fin, a través de su Gobierno local y de la organización comunal de la zona, lo que contribuirá a fortalecer el desarrollo integral y la infraestructura que se requiera.



La propuesta contiene a su vez un capítulo dirigido a normar la distribución de tales fondos en favor de las comunidades, con la finalidad de que ellas participen directamente en la planificación de su propio desarrollo, mediante esquemas que promuevan su participación en la toma de decisiones.


Con esta iniciativa se obliga también al Estado Costarricense a respetar los convenios internacionales que voluntariamente suscribió para eliminar en el país la contaminación a causa del uso del mercurio, tóxico metal cuyo uso fue prohibido por el Convenio de Minamata del cual Costa Rica es parte.