Proyecto busca unificar régimen de compras en el sector público


Con el propósito de que una sola ley de compras aplique para toda la administración pública, este jueves en conferencia de prensa, se presentó el proyecto “Ley General de Contratación Pública”, que reforma de manera integral la Le y de Contratación, vigente desde 1996, en aras de promover la transparencia, eficiencia en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios del Estado, así como regular el marco ético para quienes participan en dichos procedimientos.


Entre los cambios contenidos en la propuesta de ley, destaca la simplificación del esquema de control previo en materia de contratación administrativa, eliminando las modalidades de autorización que están actualmente a cargo de la CGR.


Además, se incorporan normas para potenciar el desarrollo económico de algunos sectores vulnerables y de pymes y se potencia la implementación de criterios sustentables en compras públicas.


Otras reformas:


  • Incorporación de multas que van desde el 0.5% al 1% del monto del umbral de la licitación mayor o menor por la presentación de recursos ante la CGR o administración por actuación temeraria, mala fe y abusos de derechos procedimentales.

  • Fortalecimiento de la fase de planificación de las contrataciones, a partir de reglas que incorporan aspectos sobre la gestión de proyectos y la administración de ciclo de vida éstos, y se simplifica la forma de contratar por parte de la administración, al reducir los procedimientos ordinarios de contratación, así como de los esquemas recursivos con los que cuentan los participantes en los procesos de compras.

En el proyecto no solo se definen normas exclusivas según la tipología de los contratos (obra pública, servicios, suministros, leasing, fideicomisos, asociación públicos privadas, entre otros), sino que también crea una Rectoría en el Poder Ejecutivo en materia de compras con potestad Nacional.


Sobre la propuesta:

Ana Lucía Delgado, señaló que, en el 2018 en Costa Rica, la contratación pública del Gobierno en general representaba aproximadamente el 12.5 % del PIB - excluyendo la factura petrolera-. “La nueva propuesta además de reintegrar bajo un único régimen a todas las administraciones contratantes, potencia la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de los procedimientos, la depuración del número de excepciones y el ajuste en los requisitos”, dijo la diputada.

Pablo Heriberto Abarca, considera que esta es una reforma urgente para erradicar las malas prácticas en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa. “Actualizar la ley garantizará transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Es necesario contar con reglas claras, tanto para el sector público como para el sector privado, sanciones ante incumplimientos y que se agilicen de una vez por todas los procesos de compras del Estado”, afirmó.

Marta Acosta, Contralora General de la República, la contratación pública es un mecanismo estratégico para el progreso de una nación. “Nuestro país invierte gran cantidad de recursos en compras públicas, lo cual representa una oportunidad para la generación de acciones afirmativas en diferentes sectores. Hay que entender la contratación pública no sólo como el procedimiento de concurso para obtener un bien o un servicio, sino como mecanismo para el favorecimiento del bienestar general”


La iniciativa fue presentada por los diputados Ana Lucía Delgado y Jorge Fonseca (PLN), Pablo Heriberto Abarca (PUSC), Carolina Hidalgo (PAC) y Erick Rodríguez (Independiente) tras meses de discusión y análisis del texto en conjunto con la Contraloría General de la República (CGR), la cual, durante el proceso, realizó mesas de trabajo con la participación de actores públicos y privados en materia de contratación administrativa.


Vea el proyecto de Ley

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