¿Qué desencadenó la suspensión del Director Ejecutivo del INFOCOOP?

Actualizado: jul 18


Desde hace unos meses hemos realizado varias publicaciones sobre la situación que se vive dentro del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), sobre supuestas irregularidades en concursos, nombramientos, estados financieros, entre otros; denuncias hechas por un grupo de funcionarios que manifiestan estar cansados de ser intimidados, de sufrir acoso laboral para silenciarlos mientras se da toda una telaraña de manipulación dentro de la institución.


Ante estas publicaciones y las de otros medios de comunicación que han puesto al descubierto toda esta red que se cierne sobre el INFOCOOP, desde que asumió el puesto como Director Ejecutivo ai el señor Gustavo Fernández, la Junta Directiva acordó el pasado martes 16 de junio, suspenderlo por 2 meses, debido a las dos investigaciones que tiene abiertas, tanto por las supuestas anomalías en los estados financieros como también el amaño de concursos para Gerencias. Como ya lo había adelantado La Pluma CR.


Pero estos no son los únicos escándalos que han surgido en el ente cooperativo. Entre los más relevantes podemos citar los errores cometidos por la Junta Interventora y el propio Fernández, los cuales desembocaron en la parálisis del proceso de la modernización (como se ha hecho público en la prensa nacional), y que a la fecha no hay explicación de los recursos públicos empleados, incluyendo los 18 millones de colones empleados en los concursos de Gerencia de Supervisión Cooperativa y Asesoría Jurídica, siendo el primero de éstos objeto de investigación por parte de la Procuraduría de la Ética debido a la decisión tomada por Fernández de declararlo desierto debido a que el candidato idóneo y con los más altos estándares según la empresa C&A Consultores, no es afín a su grupo de allegados (el G27); usando como base un artículo de la Ley de Contratación Administrativa (ley para adquirir bienes y servicios) que es inaplicable en materia de empleo público.


Otro gran escándalo se da producto a la mala calificación que recibió el INFOCOOP en el IGI (Índice de Gestión Institucional) que es evaluado por la propia Contraloría General de la República. Según CRHOY


“Desde que el Instituto fue intervenido por Casa presidencial, en febrero del 2017, ha perdido 25.3 puntos porcentuales en la calificación del IGI, al pasar de un 90.3% a un 65% en el 2019”.


Siguiendo con el escándalo del IGI, Fernández Quesada no hizo esperar a los funcionarios del INFOCOOP, y pese a que fue enviado en su momento a vacaciones forzosas, utilizó el correo institucional para desacreditar a la propia Contraloría General de la República; según el correo al que tuvo acceso La Pluma CR, que detallamos a continuación:


“En los últimos días han circulado notas de prensa relacionadas con la calificación del INFOCOOP con respecto al Índice de Gestión Institucional (IGI) 2019 de la Contraloría General de la República (CGR). Dado que es un tema relevante y la prensa no transmite toda la información, creo que es preciso que ustedes conozcan lo ocurrido.
A nivel general, el IGI solamente mide algunos indicadores de los departamentos Administrativos, no de las áreas Sustantivas. Los aspectos que considera son: planificación, gestión financiera, control interno, contratación administrativa, presupuesto, tecnologías de la información, servicio al usuario y recursos humanos.
En la CGR la iniciativa la lidera la Secretaría Técnica, que a su vez está adscrita a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. Esta división la dirige la señora Amelia Jiménez Rueda, hija de la conocida periodista Amelia Rueda y prima de la funcionaria del CONACOOP Paula Rueda Víndas.
En INFOCOOP la sistematización del IGI ha estado a cargo del área de Planificación, especialmente en la persona de Ramsés Espinoza, con apoyo de las gerencias y de otros compañeros.
Hasta el año 2017 la información del IGI se enviaba a la Contraloría desde la Dirección Ejecutiva y el órgano contralor decidía si la aceptaba tal cual o eventualmente hacía una visita de verificación, como algunas veces ocurrió. Sin embargo, a partir del 2018 la CGR decidió que el reporte entregado por la Administración Activa debía ser verificado por las auditorías internas de todas las instituciones públicas.
Fue así como en el año 2018 la Dirección Ejecutiva reportó a la CGR una calificación de 88,4%, pero la Auditoría Interna estimó un 71,1%. Finalmente, la CGR se decantó por colocarnos la nota dada por nuestra Auditoría Interna.
A la luz de este antecedente, desde inicios del año pasado giré instrucciones precisas a todas las gerencias para que redoblaran esfuerzos en afinar los indicadores del IGI y me consta que la gran mayoría lo hizo. Asimismo, a lo largo de varios meses se realizaron diversas reuniones de verificación, pues el IGI comprende cerca de 80 variables.
Después de este proceso, se obtuvo la calificación de 91,9% que incluso fue informada a la Junta Directiva. No obstante, cuando la Auditoría Interna realiza su verificación, concluye un puntaje del 65%.
Dada esta divergencia solicité a la Auditoría Interna que hiciéramos una sesión de trabajo para revisar la evaluación. Esta sesión se hizo, pero fue de carácter informativa, pues la Auditoría no aceptó que se revisara o se reconsiderara ningún ítem. Dos días después envió la calificación del 65% a la CGR.
A la luz de esta situación y considerando el antecedente del año anterior, remití a la Contraloría los oficios DE 411-2020 y DE 637-2020 donde solicito al ente contralor que verifique por su propia cuenta dicho puntaje, para lo cual INFOCOOP estaría en anuencia de facilitar toda la documentación disponible. Estos oficios no han sido respondidos hasta la fecha y la Contraloría nunca se comunicó con nosotros para realizar dicha exploración.
Finalmente, la semana pasada se nos informa que nuestra nota del IGI para el año 2019 es el 65% calculado por la Auditoría Interna y así ha sido divulgado.
Lamento profundamente que tal situación ocurra y agradezco la atención a este correo, con el fin de que se formen una perspectiva más amplia del tema.
Saludos fraternos.
Gustavo Fernández”

Se desprende de lo anterior, que para el Director Ejecutivo, las malas calificaciones del IGI en toda su gestión se debe principalmente a la participación de la hija de la periodista Amelia Rueda, quien es funcionaria de la Secretaría Técnica de la Contraloría General de la República, ya que su tía Paula Rueda Vindas, trabaja en el CONACOOP; y por otro lado, también “es culpa” de la evaluación que la Auditoría Interna, especialmente desde que es dirigida por Guillermo Calderón, ya que según se indica Fernández en dicho correo, ambas figuras no fueron objetivas, y por ello el INFOCOOP le fue tan mal en el IGI.


En ese sentido, fue remitido La Pluma CR una cadena de correos electrónicos entre Gustavo Fernández Quesada y la firma de abogados BLP Abogados, del año 2017.


En dicho correo electrónico, entre Fernández y Alejandro Rojas de BLP Abogados, se habla de una estrategia para vincular al Auditor Interno Guillermo Calderón, con varios hechos presuntamente irregulares para buscar la forma de suspenderlo, lo que según nos confirmaron varios funcionarios, fue ejecutado – con errores – ya que al final la propia Contraloría General de la República reinstaló a Guillermo Calderón en su puesto. Este caso fue denunciado en su momento por Diario Extra


BLP Abogados fue la firma contratada por la Junta Interventora para que le brindara asesoría jurídica externa, pese a que el INFOCOOP cuenta con todo un departamento legal. La licitación abreviada por la cual se contrató a la firma BLP Abogados fue la número 2017LA-000007-01, la cual se estimó en nada menos que cien millones de colones por un plazo de un año para asesora en materia de derecho administrativo, penal, constitucional, y civil; de las cuales según comentaron funcionarios de diferentes departamentos, el INFOCOOP cuenta con especialistas en la materia de derecho administrativo, comercial, civil, y con amplia experiencia en derecho constitucional, tan solo exceptuando derecho penal, lo cual extrañó muchísimo la contratación de BLP Abogados.


Aún así, como se puede desprender del correo electrónico entre Fernández y BLP Abogados, al parecer el entonces Director Ejecutivo, utilizó la contratación de la firma de abogados (que, en principio según el contrato entre las partes, debía estar a cargo de la Junta Interventora y no del Director Ejecutivo) para separar del cargo de Auditor Interno al señor Guillermo Calderón.


Otro de los escándalos que trascendió a la denuncia ante la Procuraduría de la Ética fue el despido injustificado del Gerente de la Asesoría Jurídica, Geovanni Bonilla Goldoni, justamente el día en que iba a entregar un criterio jurídico que validaba la cantidad de votos necesarios para la suspensión de justamente Gustavo Fernández Quesada como Director Ejecutivo a.i. Hecho que fue denunciado por La Pluma CR, y que a su vez fue reinstalado semanas después por la propia Junta Directiva.


Sumado a lo anterior, agregan los denunciantes, también está el escándalo de los órganos directores nombrados por Fernández para despedir a varios abogados y funcionarios, que por razones personales el propio Fernández Quesada debió inhibirse de conocerlos y que también fueron llegados por la firma de BLP Abogados. Tal es el caso del abogado y exdirector ejecutivo del INFOCOOP, Ronald Fonseca, la abogada y exgerente de supervisión cooperativa Rocío Hernández, y el exgerente de Asistencia Técnica e ingeniero Warner Mena; los cuales antes de que iniciara la Intervención del INFOCOOP, habían participado en una investigación que desembocó en un principio en el despido de la expareja sentimental de Fernández.


Otra de las investigaciones que han durado más de dos años en el INFOCOOP, es la del Proveedor Institucional y también abogado, Eduardo Mestayer, quien supuestamente luego de haber denunciado ante la Auditoría Interna varias anomalías detectadas en el proceso de contratación y que eran responsabilidad tanto de Gustavo Fernández como de Francisco Guillen (Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo en la época de la Intervención)


Además del Colegio de Abogados, quien acuerpó a los abogados Mauricio Pazos Fernández y Geovanni Bonilla Goldoni, con respecto a las decisiones tomadas por Fernández Quesada que los perjudicó tanto por el concurso de Supervisión Cooperativa como el despido ilegal respectivamente; debemos citar también la participación del Colegio de Ciencias Económicas, el cual se suma a las denuncias en contra del Director Ejecutivo, según denuncia de Diario Extra, el Colegio de Ciencias Económicas envió una nota al presidente de aquel entonces de la Junta Interventora, Renato Alvarado, actual Ministro de Agricultura, en la cual le hacían ver a la propia Junta Interventora que Gustavo Fernández Quesada no cumplía con los requisitos esenciales para ocupar el puesto de Director Ejecutivo.


Fernández Quesada se graduó como filosofo en la Universidad Nacional en 1998, lo cual usó como atajo para pasar directamente a la Licenciatura de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica en el año 2003, y finalmente logra su Maestría en Comunicación en el 2015.


En el 2017 el señor Gustavo Fernández Quesada, simpatizante de los partidos, Humanista, Frente Amplio y PAC, gracias a uno de los entonces líderes del cooperativismo y ahora exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, el cual ha sido altamente cuestionado por el escándalo del Cementazo, nunca participó para el puesto de Director Ejecutivo del INFOCOOP, él había sido nombrado como Subdirector Ejecutivo, pero debido a la renuncia repentina de Marco Vinicio Ruiz Chacón a tan solo días de haber sido nombrado, Fernández asume como Director Ejecutivo interino, sin que mediara ningún concurso que lo acreditara para ejercer dicho cargo.


Dicha fórmula se empleó al inicio de su administración para nombrar Gerentes de forma interina, como fue el caso de la anterior Gerenta de la Asesoría Jurídica a.i., Cristina Solís Brenes, la cual ocupó el puesto por 3 años durante el periodo de la Intervención, pero nunca realizó un examen para ocupar dicho puesto ya que no existió concurso alguno ni tampoco ella formaba parte de la Asesoría Jurídica en aquel entonces que justificara su nombramiento a dedo, sin embargo, sí estuvo muy activa cuestionando los concursos que se abrieron para nombrar en propiedad a los Gerentes de Asesoría Jurídica y de Supervisión Cooperativa, ya que hizo señalamientos mediante una carta enviada al propio Fernández Quesada, la cual La Pluma CR cuenta con una copia.


En dicha carta, la entonces gerente de la Asesoría Jurídica hacía señalamientos del por qué debían declararse desiertos.


Finalmente, esperemos que pronto se tenga una resolución con respecto a los órganos directores que ya han sido nombrados, ya que al menos en el caso de las supuestas irregularidades en los concursos, han transcurrido 7 meses desde que se designó al Viceministro de Trabajo, Luis Aguilar, y a la fecha no se tiene conocimiento si al menos ya inició con la investigación; mientras tanto existe otro que está en fila sobre las supuestas irregularidades en los estados financieros del INFOCOOP.