Rector UCR: “Absurda pretensión solicitud de diputados del PLN a Procurador”


Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), calificó de absurda pretensión la solicitud de los diputados del PLN, Yorleny León y Wagner Jiménez, en un comunicado de prensa que circularon el pasado 24 julio, donde manifiestan que pedirán al procurador general y a otros procuradores que tengan vínculos contractuales con las universidades públicas que se inhiban de conocer asuntos relacionados con temas universitarios, debido a que existiría un posible conflicto de intereses. No obstante, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no prohíbe a los funcionarios de esta institución ejercer cargos docentes.


Esta solicitud la realizaron los legisladores después de la comparecencia del procurador general de la República, Julio Jurado Fernández, en la comisión legislativa que analiza el financiamiento de la educación superior pública. El abogado del estado dejó claro que constitucionalmente la Asamblea Legislativa no tiene potestad para recortar el FEES que se negocia con el Poder Ejecutivo.


Según Henning Jensen, rector de la UCR y presidente de Conare, el argumento de los liberacionistas “es a todas luces absurdo. Si siguiéramos esta misma lógica, entonces se debería solicitar igualmente la inhibición de todos los diputados y diputadas que tienen algún vínculo con las universidades públicas, pero igualmente a aquellos que lo tienen con las instituciones de educación superior privada, pues esto también podría suponer un conflicto de interés”.

En este caso indicó el Rector, casi ningún congresista que está en este momento en la comisión que analiza el FEES podría opinar al respecto, pues por ejemplo la diputada León fue profesora del recinto de Guápiles de la Universidad de Costa Rica del 2002 hasta el 2017, Wagner Jiménez ha sido profesor y asesor académico en la Universidad Católica y en la Universidad Castro Carazo, Mario Castillo fue por muchos años funcionario del TEC, Eric Rodríguez ha fungido como docente en la UNED, en la UACA y en la UIA, y Enrique Sánchez es actualmente estudiante de la UCR.


Además, Jensen indica que, según esa lógica, se debería solicitar la inhibición de gran parte de la Corte Plena, pues cinco de sus miembros son actualmente docentes de la UCR y tres más lo fueron en algún momento, o son egresados de esta casa de estudios. Esto nos llevaría a la insólita situación de que los asuntos de la UCR o de las universidades públicas tendrían que ser vistos por cortes internacionales, pues en el Poder Judicial muchos de sus funcionarios tienen o han tenido vinculación con estas instituciones”, concluyó el rector.

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