Sala IV ordena a Presidente Municipal de San Isidro de Heredia respetar paridad de género

Actualizado: jul 18

  • Comisiones municipales deberán volver a conformarse


Por violentar la paridad de género en la conformación de dos comisiones municipales, el Presidente del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, Gilbert Acuña Cerdas deberá disolver y proceder de inmediato a conformarlas por orden de la Sala Constitucional.


Así se desprende de la resolución tomada por la Sala, ante el recurso de Amparo presentado por la regidora Melissa Vindas Orozco, representante del PLN, por cuanto Acuña no incluyó mujeres en dos comisiones, Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Gobierno y Administración, acto que violenta la política de igualdad de género aprobada en el acuerdo 861-2017 del 24 de julio de 2017.


Vindas indica en la acusación que, en la pasada sesión ordinaria del Concejo (28-2020) presentó una observación por la conformación de dichas comisiones y expresó la limitación de sus derechos y el no permitirle integrarlas pese a sus atestados. Acto que consideró contrario al artículo 33 de la Constitución Política, al artículo 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención sobre la discriminación de todas las normas de discriminación de la mujer, así como otras normas y jurisprudencia en la materia.

Ante lo expuesto por la regidora la Sala declaró con lugar el recurso.


“En consecuencia se ordena a GILBERT ACUÑA CERDAS, en su calidad de Regidor propietario y Presidente del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, proceder de inmediato a volver a conformar las comisiones permanentes de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, conforme al respeto a la paridad de género, para que, en todas y cada una de las comisiones se tenga una mujer. Todo lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”. Señala el voto.


Consultada sobre la resolución de la Sala Constitucional Vindas Orozco, se mostró satisfecha por el apoyó de los Magistrados al respeto de sus derechos. “Esto representa una defensa del derecho a la representación de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y al principio de no discriminación”, indicó.


La Sala además condena a la Municipalidad de San Isidro de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios.