Sistema de justicia y reinserción social

Jonathan Flores Mata

Criminólogo- Directivo Nacional de ANEP


Este año 2020 estará plagado de retos, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana; desde la economía hasta la rutinaria convivencia social. Pocos días del nuevo calendario fueron suficientes para tener posicionados varios temas que serán-o deberían-ser prioritarios. Entre ellos el de seguridad ciudadana-nunca pasará de moda. Apenas seis días de este año nuevo y ya Costa Rica fue testigo de un posible femicidio, varios ajusticiamientos patrocinados por estructuras criminales, y hasta oficiales de policía heridos por el hampa. Tal escenario nos hace “desempolvar” aspectos de la seguridad ciudadana, que usualmente se abordan en medios de comunicación, solo si ha sucedido un hecho relevante, o como se dice popularmente:” cuando el rancho está ardiendo”. Evidentemente, la memoria de tres días de nuestro pueblo confina de nuevo al olvido a estos temas. En esta ocasión, si usted calificado lector me lo permite, desearía abordar uno de esos temas, antes que el viento sople y haga que las llamas del incendio se levanten con la fuerza para llamar la atención de medios de comunicación y “expertos” en seguridad, y por tanto me tilden de oportunista. Me refiero a lo concerniente al sistema de justicia y la reinserción social.


Una frase del anterior presidente bastó para activar el gran humor de los ticos, y de allí en adelante, con memes y chota política, nos referimos a los reincidentes como golondrinas. Pero: ¿Si dejamos los memes un momento y vemos el tema con seriedad? La reincidencia de personas cuyas condenas carcelarias fueron prematuramente aceleradas debe analizarse con lupa. La pésima decisión política de liberar de forma casi masiva a reos ha producido sus consecuencias. Para quienes nos ocupamos un poco de estos asuntos es claro que los funcionarios del Instituto Nacional de Criminología (donde paradójicamente lo que menos hay son criminólogos), solo siguen instrucciones superiores. Y bueno, con el hacinamiento alcanzando cifras dramáticas, un Ministerio de Seguridad Pública motivando a sus oficiales a “cazar” flagrancias, la inapropiada infraestructura, los votos de Sala Constitucional, Derechos Humanos…y todo lo demás que juega en este estadio, pareciera que no hay otra opción.


Esta trampa en espiral debería llevarnos a cuestionar si Costa Rica está pensando en la forma de resolver esta problemática a mediano o largo plazo, o, si al igual que en lo que respecta a la lucha contra las drogas, solo se “patea el tarro para adelante”, sin tomar acciones concretas y drásticas, con base en estudios científicos, y no en ideas populistas de los políticos de turno.


Previamente, es importante dejar una cosa en claro, la encarcelación, pena por excelencia, debería ser-teóricamente-la última opción a considerar. No obstante, en nuestro país es la primera, aquí se configura la primera falla técnica en esta materia. Tal fenómeno se da como consecuencia del populismo, la presión de personas que solo buscan venganza y el poder de algunos medios de comunicación. Damas y caballeros, debemos estar claros que, el fin de la pena no es castigar al infractor, todo lo contrario, es reinsertarlo en la sociedad.


Poner a un ser humano tras los barrotes significa únicamente la restricción de su libertad de tránsito, o eso debe ser acorde a nuestro marco jurídico. De manera que, el Estado debe velar por brindar todas las condiciones dignas los privados de libertad, con adecuada alimentación, espacio para dormir, salud física, emocional y hasta sexual. Sí, eso lo paga el pueblo, por si se lo estaba preguntando querido lector.


Lastimosamente, en todo el mundo, una cárcel es el paso institucional para que un individuo vinculado al crimen se “gradúe”, es decir, adquiera conocimientos, contactos y hasta medios, para convertirse en un sociópata más “calificado”. Costa Rica, no es la excepción, nuestros centros de atención institucional (cárceles) son verdaderas universidades del delito. De manera que, devolver a las calles a sujetos a los que no se puede comprobar hayan completado correctamente su proceso de reinserción es contraproducente, y por eso sufrimos el fenómeno de las golondrinas. Pues se han puesto en libertad a sujetos que salieron de un centro de reclusión con mayor capacidad para delinquir y con una acrecentada y peligrosa reacción de ímpetu e insolencia ante las autoridades policiales.


A propósito de la reinserción, no cuestiono que el mayor porcentaje de la población carcelaria, que cumple a cabalidad su pena, no figure próximamente en un proceso penal, en circunstancias normales cabe destacar. No obstante, siempre me ha surgido una incógnita, aquellas personas que vuelven y vuelven, y vuelven de nuevo a reincidir ¿Qué pasa con ellos? Se comprende sobremanera la buena voluntad de reinsertar a un individuo infractor de las normas legales, sin embargo: ¿Qué hacer cuando una persona jamás formó parte activa de la sociedad, y, por tanto, no puede ser reinsertada?


Es justo aquí donde necesitamos que los juristas saquen la cabeza del agujero cuadrado en el que se han encerrado, y se cree una doctrina propia de nuestra realidad, en la que, ante la reincidencia se aborde diferenciadamente el precepto del “non bis in idem”, concordado con una flexibilización de esas bases de procesar el hecho y no al autor. No es posible desligar la parte subjetiva del derecho penal-justo como se ha logrado (y requiere mejorarse) con la tentativa. De esa manera que se tenga un especial tratamiento en el proceso, ejecución de la pena, reinserción, resarcimiento a la víctima y prevención futura. Dicho de manera simple, crear el respaldo legal para un revolucionario y moderno sistema de justicia y prevención.


Precisamente por el señalado error de “recetar” cárcel de manera indiscriminada, el gobierno afronta el problema de ser incapaz de otorgar, a las personas recluidas las condiciones que demandan los Derechos Humanos. Por ende, debe echar mano de estratagemas desesperadas, es evidente que no existen políticas en materia criminal y se apresuran procesos de reinserción que no son los más aptos.


Si de casualidad alguien quedase con dudas sobre la existencia de sociópatas, que nunca estuvieron integrados al engranaje de la sociedad, a groso modo, me permito referenciar los barrios marginales, sin caer en el fatídico error de la generalización ni el etiquetamiento. Teorías como la de la Anomia, las Ventanas Rotas y el Aprendizaje, relacionan acertadamente los elementos culturales, la falta de oportunidades y el comportamiento aprendido de modelos negativos, para explicar las razones del porqué un individuo visualiza el crimen como un acto normal y hasta como un estilo de vida.


La prevención es el primer paso, no hay que ser genio para deducirlo. Si se abordan integralmente los espacios de convivencia, la falta de oportunidades, se trabaja por derrocar modelos negativos y reemplazarlos por positivos, es posible reducir considerablemente los futuros infractores de la ley, e indudablemente, le arrebataremos cientos de potenciales reclutas al crimen organizado. Para eso necesitamos desechar la politiquería y el populismo. En su lugar apostar con bases técnicas para impulsar modificaciones institucionales, además del ya mencionado respaldo legal, el personal idóneo y con experiencia al frente de los Cuerpos Policiales, PANI, Ministerio de Educación, ICODER y demás actores sociales que pueden y deben aportar a la causa.


Es momento de devolver al ciudadano la confianza en el sistema de justicia, no vale de nada a una persona que un ladrón vaya a la cárcel, si no recupera “un cinco” de sus pertenecías robadas. ¿Por qué no dejar de centrar todas las fuerzas en la penología y concebimos más esfuerzos a la victimología? Si, que el resarcimiento social sea al individuo o grupo a los que se les violentaron sus derechos. Para eso, insisto, se requieren refuerzos en nuestros pilares de legalidad, es posible sabemos que sí.