Un duro golpe a la disciplina fiscal

Yorleny León Marchena

Diputada


Con gran emoción recibimos el pasado 15 de mayo, el anuncio de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invitaba al país a convertirse en Estado Miembro.


Ser parte de la OCDE es estar dispuestos a regirnos por un conjunto de mejores prácticas, que se demuestran con rigurosas mediciones.


Una de esas mejores prácticas es la regla fiscal, que lamentablemente, con la aprobación este martes del expediente 21.922, deja por fuera a las Municipalidades; una total incoherencia.


De nada le sirve al país, desgastarnos en elogios y felicitaciones, para luego contradecirnos, cuando tenemos que tomar medidas y demostrar nuestro compromiso real, con hechos. Eso nos pone en entredicho, nos resta credibilidad y erosiona la confianza, puesta en nosotros por el pueblo y los organismos internacionales.


Nuestro objetivo debería estar en abatir los abusivos privilegios y acabar con las malas prácticas, o como dirían los abuelos, corregir las “malas mañas”; pero en su lugar, seguimos creando nuevos portillos.


En todo esto también guarda una considerable cuota de responsabilidad el Poder Ejecutivo, que irresponsablemente presentó este proyecto de ley.


La gobernabilidad del país depende de la capacidad del Presidente y su equipo, de tomar decisiones, sin tener que sujetarse a imposiciones que comprometan el futuro del país, a causa de los múltiples intereses particulares que tratan de influir con sus agendas y que son indiferentes al bien común, que debería ser nuestro máximo objetivo.


Y es que, los países no se escapan de las consecuencias usuales sufridas por el “gastador descontrolado”, por la pérdida de los límites y la ausencia de disciplina. Mucho antes de un default los gobiernos empiezan por abandonar la disciplina fiscal. En este proceso los gobernantes pierden la capacidad de conducir sus decisiones. En definitiva, perdemos la gobernabilidad. Al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie.


El castigo impuesto por el resto del mundo a un país que no tiene disciplina fiscal es el de una baja calificación en sus títulos y bonos; ya la semana pasada fuimos testigos de esto, con la decisión de la agencia Fitch, de degradar la calificación de riesgo del país.


El resultado son elevadas tasas de interés y duras condiciones para las naciones, con el agravante de que los más afectados resultan ser las personas más pobres y necesitadas, porque se limita el presupuesto y esto hace que existan cada vez menos recursos para atender los programas sociales.


Quizá no veamos las consecuencias perniciosas de este proyecto de ley en lo inmediato. Pero la historia estará atenta y pondrá nuestras acciones en el lugar que corresponda, y con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene.


Pero que quede claro, que aún con la actual emergencia nacional por Covid-19, las municipalidades tienen un gran margen para contribuir al país, en el uso eficiente de recursos y responsabilidad fiscal, colocando en el centro de las decisiones a los contribuyentes, brindando servicios ágiles, oportunos y con transparencia.


También pueden ayudar a todas las personas que están sufriendo, aprobando planes reguladores necesarios para generar seguridad jurídica a los inversionistas, que se reflejaría en nuevos puestos de empleo; actualizando reglamentos; renegociando convenciones colectivas abusivas; adoptando el salario único y teniendo el personal absolutamente necesario y no la cantidad que se genera por compromisos políticos, cada vez que hay una elección.



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