Un pacto nacional o una auditoria ciudadana de la deuda

Lic. Benjamín Sevilla García


Me gustaría pensar que la realidad social y económica que experimenta el país en la actualidad se trata sólo de un momento histórico; que atravesamos una crisis temporal, pero que las medidas adoptadas son las correctas para salir adelante y continuar en la vía eficaz del progreso. Mi temor, al respecto, es que estemos en la dirección equivocada, asumiendo una posición torpe y ciega que, ante la ausencia de diálogo, nos conduzca al precipicio.


La desconfianza ciudadana en la institucionalidad del país es enorme. La polarización social en diversos temas es abismal y la situación económica es, realmente, preocupante. Las probabilidades de error en cualquiera de las decisiones que se tomen son elevadas. Creo que la única ruta consiste en desprendernos de ideas individuales y de figuras mesiánicas, para darle paso a un gran pacto nacional.

Para que este pacto tenga lugar, es necesario que Gobierno, sindicatos y empresarios, en un diálogo franco, público y con plazos estipulados, lleguen a un acuerdo común que sea capaz de transformar la realidad del país. Que las decisiones tomadas no sean producto de la imposición unilateral, sino de los aportes y el consenso de todas las partes. Este ejercicio podría garantizar paz social porque evitaría la confrontación, la sanción de leyes absurdas y las innecesarias disputas por imprecisiones legislativas.


Este gran pacto podría pasar a la historia como el segundo más importante después del acuerdo de los años cuarenta entre Rafal Ángel Calderón Guardia, monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y Manuel Mora Valverde. También, la clase política, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, empresarios y representantes de los trabajadores, deberían acordar una mesa nacional de diálogo para determinar las acciones que se deben tomar respecto de la generación de empleo y la reactivación económica.


La segunda opción a considerar es la auditoría ciudadana de la deuda pública. Para nadie es un secreto que la deuda en Costa Rica es uno de los temas de mayor relevancia, sobre todo por el enorme pago de los intereses. Es posible que éste sea el motivo real por el que el Gobierno promueve sus planes de austeridad, y no las razones infundadas que se exhiben desde algunos sectores del poder político y mediático.


La auditoría ciudadana es una acción democrática que busca determinar la legitimidad de la deuda, si hay abusos o desproporciones en ella. Constituye una alternativa al silencio y a lo desconocido. Esta auditoría apunta a la transparencia y la rendición de cuentas. Algunas organizaciones sociales como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, plantea que con ella se pretende responder a tres preguntas básicas: “¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? y ¿A quién se debe?”.


Sería importante que la ciudadanía costarricense conozca a quiénes les debemos -los acreedores-, quiénes son los responsables de contraer esos créditos y si eran las únicas alternativas viables que existían; si las disposiciones de los contratos y las tasas de interés se ajustan a la legalidad. En caso de que exista una deuda ilegítima, ya sea porque atenta contra los Derechos Humanos o porque va en contra del bienestar de la población, qué camino vamos a tomar como país.


Finalmente, la Costa Rica del Bicentenario debe responder con prudencia, exhibiendo la madurez de su Democracia. Mostrar valentía desde las trincheras de los círculos empresariales, subsanar la imagen desde “dictaduras mediáticas” y contar con el apoyo del poder político, no serán mecanismos suficientes para que un gobierno quede bien librado. Debe volverse a las inmensas mayorías, atender el clamor del pueblo y escuchar atentamente la voz de las personas trabajadoras que somos, finalmente, quienes sacamos adelante este país.